El éxodo forzoso de los rohingyas: una vulneración de los derechos humanos

En los últimos meses, los sucesos en Gaza han captado la atención mundial, reflejando la complejidad de los equilibrios geopolíticos actuales. Sin embargo, menos conocida es la grave situación de los rohingyas en Myanmar (antigua Birmania), una crisis humanitaria que ha llevado al desplazamiento forzoso de más de un millón de personas en un contexto de violaciones y asesinatos impunes.

Los rohingyas, una minoría étnica musulmana en un país mayoritariamente budista, han sido sistemáticamente discriminados y despojados de su ciudadanía, viviendo en condiciones deplorables. Esta situación de apatridia les niega derechos básicos y los deja en una marginalidad extrema. El gobierno de Myanmar, respaldado por los militares, ha llevado a cabo una campaña de limpieza étnica, especialmente intensa desde 2012 y 2016, lo que ha provocado el éxodo de cientos de miles de rohingyas hacia Bangladesh.

A raíz de esto, los ciudadanos rohinya han formado el campo de refugiados más grande del mundo, llamado Kutupalong, en Bangladesh. Alberga a cerca de 900,000 rohingyas y en condiciones precarias, dependiendo completamente de la ayuda humanitaria. Según un informe de Unicef, casi el 60% de estos refugiados de Kutupalon son niños y niñas. Muchos de ellos han sido separados de sus familias o han tenido que huir solos tras el fallecimiento de sus padres. La situación se agrava porque los Rohigya no solo no son queridos en su país de origen, sino que tampoco son aceptados en Bangladesh, donde el gobierno y la población temen que la gran migración de este grupo genere caos social, laboral y económico en su país.

Además, el papel de las redes sociales, especialmente Facebook, ha sido crítico en la propagación de discursos de odio contra los rohingyas. En diciembre de 2021, se presentaron demandas judiciales en Londres, Washington y San Francisco, exigiendo una compensación de 133.000 millones de euros por la inacción de la compañía en frenar estos contenidos violentos. Los demandantes argumentan que Facebook facilitó la difusión de comentarios que incitaban a la violencia y desinformaban sobre los rohingyas, calificándolos de perros, parásitos y violadores, y llamando a su exterminio. La denunciante fue una refugiada anónima de 25 años.

Para poner fin a esta crisis, es esencial adoptar varias medidas concretas: acabar con la apatridia de los rohingyas, imponer sanciones políticas y económicas a Myanmar para exigir la vuelta a la democracia y embargar las cuentas en el extranjero de la cúpula militar. Además, es crucial sancionar a las empresas extranjeras que se establezcan en tierras que han sido arrebatadas a los rohingyas y permitir su regreso pactando medidas entre Myanmar y Bangladesh. El Tribunal Penal Internacional debe juzgar los delitos de genocidio y de lesa humanidad, recordando que en 2019 ya se autorizó una investigación sobre estos crímenes.

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