Una veintena de personas tuvo acceso a los correos entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía pero el juez apunta al Fiscal General del Estado como responsable de la filtración

El magistrado que instruye la causa de la denuncia del novio de Ayuso contra la fiscalía por supuesta revelación de secretos, Francisco José Goyena, apunta a los fiscales Julian Salto y Pilar Rodríguez así como a su responsable directo, el Fiscal General del Estado, Álvaro García, como supuestos autores de la filtración del correo electrónico, avanzado por la SER el 13 de marzo pasado, en el que Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, reconocía que este había cometido dos delitos fiscales y solicitaba un acuerdo de conformidad. Pero el magistrado, que hace suyo de esta forma el relato de Alberto González en su querella, omite que una veintena de personas tuvo acceso inicialmente a ese correo desde el 2 de febrero, cuando fue remitido por el letrado de la pareja de Ayuso. El abogado envió el email a la dirección genérica de la fiscalía de delitos económicos, a la que pudieron acceder los 13 fiscales del área y 4 funcionarios, 41 días antes de que su contenido fuera revelado por la SER. El juez pone el foco en la Fiscalía y da por hecho que existió una “violación de seguridad”, pero la cadena de correos también era conocida por su autor, por su cliente Alberto González, así como por un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso que filtraron previamente una versión manipulada en la que de forma falsa, atribuían a la Fiscalía la oferta para el acuerdo de conformidad. El juez Francisco José Goyena también hace suyo el relato sesgado del novio de Ayuso y omite datos clave que impulsaron a la Fiscalía a emitir un día después, el 14 de marzo, la nota de prensa que desmentía el bulo de que había sido el Ministerio Público quien ofreció un pacto de conformidad. El juez excluye en su exposición de hechos que hasta tres medios de comunicación, El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital, publicaron antes que la SER la versión manipulada del correo entre el abogado de Alberto González y la Fiscalía, según la cual era el Ministerio Público quien había ofertado un acuerdo de conformidad por los delitos fiscales. Una filtración de datos personales de un ciudadano particular procedente del entorno de su pareja, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía sostiene que con su nota de prensa se limitó a desmentir esta falsedad en atención al derecho fundamental a una información veraz, que además fue invocado por cerca de 80 medios de comunicación, quienes reclamaron explicaciones. Afirma también que no reveló secreto alguno porque fue el entorno de Ayuso quien desveló en El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital, la existencia de conversaciones por un acuerdo de conformidad. Evidenciadas estas, la información ya no era secreta. Solo quedaba aclarar la verdad.