El Congreso aprueba la ley de amnistía que ahora entra en la fase judicial

Madrid

La ley de amnistía, que ha sufrido dos modificaciones, se ha aprobado este jueves y una vez que se publique en el BOE tendrán que aplicarla jueces y magistrados. La norma tiene carácter preferente y da un plazo de dos meses al Poder Judicial para materializarla. La Fiscalía General del Estado reclamó el pasado mes de diciembre a las fiscalías de Catalunya, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo que le remitieran los asuntos que se pudieran ver afectados por la ley del perdón. Los negociadores estiman que puede haber alrededor de 400 líderes independentistas y 73 policías beneficiados cuando entre en vigor.

La ley establece que la entrada en vigor supone el alzamiento de todas las medidas cautelares que estuvieran en vigor, incluidas las órdenes de detención que pesan sobre Carles Puigdemont y el resto de fugados. Será cada juzgado y cada tribunal -el Tribunal Supremo en el caso de Puigdemont- el que deba hacerlo después de pedir opinión a la fiscalía y al resto de partes personadas en el procedimiento. Este proceso dará lugar a situaciones dispares. Las causas están abocadas al archivo, pero en algunos casos pueden plantearse problemas respecto a la aplicación de la ley porque contempla excepciones.

No será de aplicación en los delitos de terrorismo cuando se hayan producido las graves violaciones del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ni en los delitos de malversación cuando sí que haya habido enriquecimiento personal. Y en los delitos de alta traición se ha tratado de crear un cortafuegos apelando a que la amenaza sea "efectiva y real con uso de la fuerza contra la integridad territorial".

Jueces y magistrados pueden agarrarse a esas excepciones que afectan directamente a Carles Puigdemont para no aplicar el perdón al expresident fugado que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre y el caso tsunami y otra que le salpica en Barcelona por el caso de las conexiones independentismo - Rusia.

Europa y el Tribunal Constitucional

Otra de las herramientas que maneja el Poder Judicial son las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con independencia de que hayan tenido que levantar las medidas cautelares que pesaran sobre los afectados, ambos mecanismos suspenden la aplicación de la ley que no podrá desplegar sus efectos hasta que no haya decisión. Este movimiento perjudicaría a Oriol Junqueras porque seguirá vigente su condena por inhabilitación que aún mantiene después del indulto que le concedió el Gobierno.