Pablo Bustinduy: "Tenemos herramientas para poder limitar los precios de los alquileres en España. Esto se puede hacer"

Madrid

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pasado por los micrófonos de Hora 25 para hablar del último estudio de Aladino 2023, que señala que el 46,7% de los niños y niñas de 6 a 9 años que sufren exceso de peso en España pertenecen a una familia con una renta inferior a 18.000 euros brutos anuales. Los resultados del estudio concluyen que la prevalencia de obesidad y sobrepeso es más alta en familias con rentas bajas, pues señala que el 36,4% de los niños con exceso de peso pertenecen a una familia con una renta de 18.000 a 30.000 euros anuales y el 29,2% forma parte de un hogar que tiene ingresos superiores a 30.000 euros anuales.

Bustinduy ha señalado que no son datos nuevos, sino que son tendencias. "Hay evidencia científica que demuestra que la salud tiene determinantes sociales y hay contextos socioeconómicos, que se traducen en falta de recursos, en falta de tiempo y eso incide de manera muy negativa en la formación de hábitos alimenticios, de sueño, en el sedentarismo por ejemplo y, por tanto, no es una novedad, pero sí es si es una señal de alarma porque no se puede tolerar que la desigualdad económica y social actúe como un determinante del desarrollo de los niños y las niñas", ha señalado, reivindicando que todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a la salud, independientemente del código postal en el que vivan.

Un decreto de comedores saludables

Una de las iniciativas que ha impulsado el Ministerio ha sido aprobar un real decreto de comedores saludables, que espera que entre en vigor en las próximas semanas, para que todos los menores puedan tener una dieta equilibrada y saludable. "Es una primera vía de acceso que creo que es importante para poder garantizar la igualdad de oportunidades y que la escuela sirva como es espacio de igualación social", ha dicho.

Bustinduy considera que esa alimentación equilibrada va a incidir en la sostenibilidad por apostar por productos de temporada y por el sector primario, y asegura que no tiene por qué implicar un aumento de los costes. "Sustituir por ejemplo alimentos ultraprocesados por legumbres, por fruta de temporada y por verdura es no solo más sostenible socialmente, sino también económicamente", ha justificado, sobre un nuevo plan en que están implicados también los Ministerios de Educación, Agricultura, Infancia y Sanidad, además de contar con las comunidades autónomas.

Sobre la ley ELA y dependencia

Sobre la ley ELA, Bustinduy espera que se tramite con un consenso unánime y que para mediados de octubre ya esté aprobada. Y ha criticado las políticas de austeridad en dependencia del anterior gobierno. "Venimos de una década en la que se desmantelaron las políticas de dependencia, se desmanteló el sistema de la dependencia con hasta 3.000 millones de euros de recortes y los efectos de esos recortes se expresan en el tiempo", ha dicho, asegurando que desde la pasada legislatura y esta, la inversión en dependencia ha aumentado un 154%. "Esto se ha traducido en el que el sistema de la dependencia hoy atiende a 300.000 personas más que en 2020 y la lista de espera es de 100.000 personas menos".

Así, ha pedido voluntad a los grupos políticos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado y poder sacar adelante leyes sociales. En este sentido, ha criticado las "contradicciones" del PP en las comunidades donde gobierna: "El Partido Popular plantea ahora ampliar los permisos de maternidad y paternidad, pero es que no solo se opusieron a ellos, es que lo recurrieron al Tribunal Constitucional en 2019. El Partido Popular habla ahora de la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, pero el Gobierno andaluz ha devuelto 119 millones de euros 119 millones de euros que iban destinados a crear 12.000 plazas en la escuela pública, que no existen y nos devuelven el dinero de la escuela pública para favorecer el negocio de la concertada y la privada", ha denunciado.

"La Comunidad de Madrid ha reducido hasta 30.000 becas comedor para este año. Andalucía tenía un sistema de cobertura prácticamente universal de la gratuidad de los comedores escolares y lo recortaron el año pasado. En Galicia las familias no tienen gratuidad de los libros de texto porque Feijóo decidió desmantelar esa política pública. Hemos hablado de los 3.000 millones de euros de recortes en el sistema de dependencia, no entro ni siquiera en sanidad, en educación, en las políticas sociales del Partido Popular, que las conocemos bien y los efectos que tienen sobre las familias", ha criticado, tendiendo la mano al PP para negociar.

Crítica al PP por no abordar la crisis migratoria

Sobre la regulación de migrantes, Bustinduy ha criticado a Feijóo por "flirtear con la agenda de la extrema derecha" y "aparentar ser un partido de Estado" en relación a la crisis migratoria. "Tenemos una situación en Canarias que es absolutamente inaceptable de la que son rehenes miles de niños y niñas no y España es un país que tiene compromisos en materia de derechos humanos, del derecho internacional, de los derechos humanos y no puede ser que el bloqueo político y las estrategias políticas conduzcan a que no seamos capaces de dar una solución a estas situaciones", ha señalado, instando al PP a que se sume a consensos.

"Es falso cuando dicen que los migrantes vienen a España porque reciben ayudas o paguitas y es falso porque aportan a la Seguridad Social 10 veces más de lo que reciben, entonces por eso digo que me parece que es una operación impostada", ha añadido.

Intervenir el mercado de la vivienda

Bustinduy ha reconocido que existe un problema con la vivienda y después de que la ministra, Isabel Rodríguez, apelara a la solidaridad de los caseros para no subir los precios, el ministro de Derechos Sociales ha señalado que "el problema de la vivienda consiste en que en España tenemos un mercado de la vivienda controlado por fondos especulativos y por lógicas de acumulación que está funcionando como un tremendo aspirador de riqueza".

Entre las soluciones que ha planteado, Bustinduy apuesta por intervenir políticamente el mercado de la vivienda y prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas "si no se va a destinar al uso residencial o a un alquiler a precio asequible". En segundo lugar, el ministro opta por acabar con los pisos turísticos ilegales, que considera "algo que es absolutamente intolerable". También considera que es necesario desincentivar fiscalmente la utilización turística de las viviendas. "Disponemos con la Ley de Vivienda de herramientas normativas para poder limitar los precios de los alquileres en España. Esto se puede hacer solo se ha hecho en Cataluña", ha dicho.

"El Colegio de Notarios de Cataluña sacó un informe que decía que la vivienda en Cataluña ha bajado un 3,5% en el último año, mientras el resto de España se ha disparado. Hay decenas de municipios en todo el Estado que han solicitado la declaración de estas zonas tensionadas para poder limitar los precios del alquiler y los gobiernos autonómicos del Partido Popular se niegan hacerlo", ha denunciado, reivindicando la presión social y política para que se aplique la ley en las comunidades donde gobierna el PP.