El último maqui vivo de España reclama al Estado una indemnización de un millón de euros
Joan Busquets estuvo más de 20 años encarcelado por el franquismo
El último maqui vivo de España, Joan Busquets, que estuvo más de 20 años encarcelado por el franquismo. / Alejandro García (EFE)
Barcelona
El último maqui vivo de España, Joan Busquets, que estuvo más de 20 años encarcelado por el franquismo, ha presentado una reclamación para que el Estado le reconozca como víctima de la dictadura y le indemnice con un millón de euros.
Así lo ha explicado el propio Busquets, acompañado del secretario general de la CGT del Berguedà (Barcelona), Pep Cara, y del abogado del gabinete jurídico confederal del sindicato Raúl Maíllo, en una rueda de prensa este martes en el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona.
Representado por Maíllo, el guerrillero antifranquista presentó el pasado mes de julio la reclamación administrativa ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que todavía no ha contestado y que, en caso de que haya silencio administrativo o una negativa, servirá para abrir la vía judicial.
Nacido en julio de 1928, un tribunal militar condenó en 1949 a Busquets, conjuntamente con otros dos guerrilleros antifranquistas, a pena de muerte, aunque en su caso, no así el de sus compañeros, le fue conmutada por 30 años de cárcel, de los que cumplió 20.
"Yo reclamo un reconocimiento tanto jurídico como moral", ha manifestado Busquets, que ha explicado que decidió involucrarse en el grupo antifranquista influido "por la bestialidad y el comportamiento de los franquistas en España", tras entrar en contacto con el también maqui Marcel·lí Massana.
Reclama una indemnización de un millón de euros por las graves secuelas sufridas en sus años de reclusión, consistentes en daños físicos y mentales, la pérdida de oportunidades -como empleo, educación o prestaciones sociales- y perjuicios materiales y morales, entre otros.
Maíllo ha explicado que la ley de memoria democrática supone que sea la primera vez "que se rompe el muro de la ley a la ley" porque el Estado reconoce que lo que se produjo jurídicamente durante la dictadura "es nulo".
