Hong Kong condena a cárcel a 45 activistas prodemocracia bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín
Es el mayor juicio de seguridad nacional contra opositores, y ha recibido duras críticas desde Taiwán, EEUU o Australia, entre otros. China rechaza las críticas y habla de "injerencias injustificadas" en sus asuntos internos
Madrid
Un tribunal de Hong Kong ha condenado este martes a 45 destacados activistas prodemocracia a penas de entre cuatro y diez años de prisión por "conspiración para subvertir el poder del Estado", en la conclusión del mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Entre los condenados se encuentra Benny Tai, un exprofesor de derecho de 60 años, sentenciado a diez años por su papel en la organización de unas elecciones primarias no oficiales consideradas subversivas, el caso central de las acusaciones.
La ley de seguridad nacional, aplicada tras las manifestaciones prodemocracia de 2019, ha sido criticada por eliminar prácticamente toda disidencia política en el territorio. Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes testificaron a favor de la acusación contra sus compañeros demócratas durante el juicio, han sido condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente.
El activista prodemocracia Benny Tai, uno de los condenados a prisión. / SOPA Images
El activista prodemocracia Benny Tai, uno de los condenados a prisión. / SOPA Images
Este trío, junto a Benny Tai y Gordon Ng, que recibió una condena de siete años y tres meses, fue considerado organizador de las elecciones primarias. La segunda condena más larga fue impuesta al activista Owen Chow, quien fue sentenciado a siete años y nueve meses de prisión. Kwok Ka-ki, Jeremy Tam, Claudia Mo, Andy Chui y Gary Fan han recibido las penas más bajas, de cuatro años y dos meses.
En virtud de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en marzo para cerrar las "lagunas" de la legislación de Pekín, los reclusos condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir un umbral más alto para acceder a la libertad anticipada, lo que hace improbable su remisión.
El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el 30 de mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad -pasando por alto el poder legislativo local- un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.
Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, son 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020 y en las que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo.
Detenciones aleatorias y coraza a la prensa
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En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de “conspiración para cometer subversión” en torno a las primarias extraoficiales celebradas en julio de 2020, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos para los comicios y asegurarse la mayoría.
Los ahora condenados fueron señalados por haber planeado, en caso de obtener la mayoría, utilizar sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
Tres jueces del Tribunal Superior, todos ellos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para “socavar, destruir o derrocar" el gobierno municipal provocando una crisis constitucional tras la toma de posesión de la legislatura. Según el tribunal, la conspiración, de haber tenido éxito, habría interferido gravemente, perturbado o socavado el funcionamiento del gobierno debido al daño sustancial que habría causado al "poder y la autoridad del gobierno y del jefe del ejecutivo".
Crítica internacional a las condenas
En un comunicado publicado horas después de conocerse la sentencia, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo declaró que "la democracia no es un delito" y condenó "enérgicamente" al gobierno chino por emplear "métodos judiciales y procedimientos injustos para reprimir la participación política y la libertad de expresión de los demócratas de Hong Kong". "La condena a 45 demócratas a penas de entre cuatro y diez años de prisión supone una grave violación de la libertad y la democracia que los ciudadanos de Hong Kong buscan, rompiendo no sólo las promesas de ‘50 años sin cambios’ y de ‘un alto grado de autonomía’, sino también demostrando, una vez más, la inviabilidad del modelo de ‘un país, dos sistemas’", apuntó Kuo, en declaraciones recogidas por la Oficina Presidencial.
Estados Unidos condenó “firmemente” las sentencias, calificándolas de un “retroceso en las libertades civiles” y pidió sanciones contra los responsables de la represión.
Por su parte, Australia expresó su “profunda preocupación” por las condenas, señalando que estas representan un “momento profundamente difícil” para los afectados, incluido un ciudadano australiano sentenciado a siete años de cárcel, e instó a Pekín a respetar los derechos fundamentales en Hong Kong.
China rechaza estas críticas y las tilda de "injerencias injustificadas" en sus asuntos internos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian aseguró en rueda de prensa que Hong Kong opera bajo un sistema "regido por el Estado de derecho", en el que "las leyes deben cumplirse" y las violaciones enfrentan "consecuencias legales". Pekín acusó a algunos países de "ignorar sus propios procedimientos judiciales mientras critican injustamente los de Hong Kong".
