Un juez amenaza a la administración Trump con abrir una investigación por desoír una orden judicial que frenaba la deportación de migrantes

Madrid

El juez federal de distrito es James Boasberg, en su escrito de 46 páginas, ha asegurado que las acciones del Gobierno de Trump el 15 de marzo, cuando se negó a devolver los aviones que trasladaban inmigrantes venezolanos a El Salvador, a pesar de existir una orden judicial al respecto, son constitutivas de desacato criminal y demuestran un desprecio deliberado por su orden prohibiéndoselo.

Trump utilizó la ley de Enemigos Extranjeros en tiempo de guerra, pero al desobedecer la orden del Tribunal este concluye que existe causa probable para acusar al gobierno norteamericano de desacato penal. Dice el magistrado que se le dio a los demandados, en este caso el gobierno de Trump, la oportunidad de rectificar o explicarse, pero no ha hecho ninguna de las dos cosas. 

"La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla", escribió Boasberg. El fallo del juez supone el reproche más directo a la administración Trump en medio de sus crecientes tensiones con el poder judicial federal, que han crecido especialmente por los desafíos a los esfuerzos del presidente en torno a la inmigración.

El presidente Trump y sus aliados han atacado repetidamente a Boasberg por su manejo del caso, que surgió después de que el presidente emitiera una proclamación en marzo invocando la ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada y aprobada en 1789 para deportar sumariamente a los venezolanos que su administración afirma que son miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Boasberg supervisaba una impugnación interpuesta por un grupo de migrantes venezolanos que buscaban evitar su deportación bajo la ley de guerra de más de 200 años de antigüedad. El juez impidió rápidamente que la administración Trump expulsara a los demandantes de EEUU durante 14 días y, tras convocar una audiencia de emergencia, informó en persona a los abogados del gobierno que debían devolver al país norteamericano a las personas sujetas a la proclamación que se encontraban en aviones con destino a El Salvador.

La orden de Boasberg no impidió que el gobierno iniciase la deportación

Una orden escrita emitida poco después impidió que la administración Trump llevara a cabo deportaciones de extranjeros bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden de Boasberg no impidió que el gobierno deportara a los presuntos pandilleros ni a otras personas bajo otras autoridades migratorias, pero el juez dijo que a pesar de sus directivas escritas y orales, el gobierno no detuvo el proceso de deportación, y aviones que transportaban migrantes sujetos a deportación bajo esa ley y que aterrizaron posteriormente en El Salvador, donde la mayoría fueron trasladados a su centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT.

Las acciones de la administración Trump generaron dudas sobre si había violado la orden de Boasberg. El juez escribió en su dictamen que las alardes del secretario de Estado, Marco Rubio, y del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "daban a entender que habían desafiado la orden judicial deliberada y alegremente".

No está claro quién exactamente en la administración Trump ordenó que los dos aviones continuaran su viaje a El Salvador. En su opinión, Boasberg escribió que planea averiguarlo mediante procedimientos adicionales y, posiblemente, mediante testimonios presenciales bajo juramento, si fuera necesario.

En la última audiencia sobre el asunto, un abogado del Departamento de Justicia nombró a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y a un funcionario del Departamento de Estado como sus puntos de contacto después de la decisión del juez, pero dijo que no sabía quién ordenó a los aviones continuar sus vuelos.