El juez del caso Koldo en el Supremo ve indicios de delito en Pardo de Vera por el enchufe de la ex de Ábalos
El magistrado Puente pide a la Audiencia Nacional que analice su imputación y oficia a la UCO para que investigue contratos de obra pública

La ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, a su llegada al Tribunal Supremo en Madrid. / Rodrigo Jimenez (EFE)

El magistrado que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha remitido al Juzgado que analiza otra parte de este caso en la Audiencia Nacional los informes sobre la contratación en dos empresas públicas de Jésica Rodríguez, la que era novia del exministro José Luis Ábalos. Considera que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, pudo jugar un papel relevante y pide que se analice citarla como imputada.
Para el magistrado, existen "indicios bastantes" para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por Ábalos, en "colaboración" con quien era su asesor, Koldo García.
En un auto notificado este miércoles, explica que la competencia del Supremo en el caso Koldo se restringe a lo relativo a Ábalos, que como diputado goza de aforamiento. De ahí que decida enviar lo actuado acerca de la contratación de Jésica Rodríguez a la Audiencia Nacional, donde el grueso de la causa sigue en instrucción centrada en los contratos de mascarillas y las actividades relacionadas del comisionista Víctor de Aldama.
La decisión, concreta el magistrado, se adopta "para que, si considera la existencia de posibles indicios de criminalidad en la conducta de la Sra. Pardo de Vera", el juez instructor Ismael Moreno "proceda a recibirle declaración como investigada, asumiendo la competencia para la instrucción de los hechos que a ella se atribuyen".
Por otra parte, el magistrado sigue avanzando en la investigación. Tras la prueba caligráfica que identificó a Koldo García como autor de las anotaciones que aparecían en unos listados de obra pública aportados por Aldama, ha oficiado a la UCO para que investigue esas licitaciones.
En concreto, se trataba de una tabla de la Dirección General de Carreteras correspondiente a unos presupuestos anuales de ese departamento. Algunas de las obras estaban subrayadas en rosa y otras en verde. Aldama sostenía que los colores servían para marcar cuáles habían sido preadjudicadas a empresas que pagaban a cambio mordidas -que es lo que viene asegurando el comisionista- y cuáles estaban disponibles.
Lo que quiere el magistrado del Supremo es que la UCO "proceda a la investigación de la adjudicación de las obras y/o rectificados que aparecen destacados con línea fluorescente identificando a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de las referidas obras y fiscalizando el procedimiento de adjudicación".
Miss Asturias y el socio de las PCR
Por último, el magistrado Puente ha citado a dos testigos para seguir avanzando en las pesquisas. Uno de ellos es César Moreno, socio de Aldama relacionado con un negocio de test de coronavirus, y al que se convoca a declarar en relación a los pagos periódicos de 10.000 euros mensuales que habría estado la trama realizando a Koldo García de manera directa o a través de su hermano Joseba.
La otra testigo es Claudia M., que fue Miss Asturias y que acabó trabajando en otra empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes. Su perfil salió a colación tras el último informe de la UCO que revelaba conversaciones tendentes a buscarle empleo a "la de Gijón", como se refirió Ábalos a ella. El magistrado considera que "podría haber sido contratada irregularmente" de nuevo, por influencia del exministro y con la "colaboración" de Koldo García.
Rechaza todas las diligencias de Ábalos
El auto responde de paso a la batería de diligencias que había solicitado la defensa de José Luis Ábalos y las rechaza todas porque "en los términos en los que se solicitan, no resultan pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la presente investigación".
En concreto, considera que "no es preciso" reclamar a Aldama los pagos que hiciese su socio Alberto Escolano del piso de Jésica Rodríguez en el centro de Madrid porque "en ningún momento se ha negado por nadie" que fuese así y las transferencias además, constan en las actuaciones.
Tampoco ve oportuno que el Ministerio de Transportes certifique los accesos de Aldama entre 2020 y 2021 y los departamentos a los que se dirigía, así como las que hiciesen agentes de la UCO en 2023, el año previo a que estallase la investigación. "No acierta a comprender quien ahora resuelve la relevancia que para la instrucción pudiera tener el número de visitas", zanja el instructor sobre los agentes.
Respecto de las visitas de Aldama, recuerda que "todos cuantos han declarado sobre este aspecto", incluyendo a Ábalos, han manifestado que el comisionista "se encontraba con frecuencia en el despacho profesional de Koldo García, contiguo al del ministro, en una zona de acceso restringido al público", de modo que no es relevante si esa "frecuencia" fueron "15, 39 o 75" veces.