El Gobierno vuelve a rectificar y bloqueará de forma unilateral el contrato de compra de balas israelíes

El Gobierno ya tiene sobre la mesa una fórmula para apagar el incendio que ha generado el Ministerio del Interior al comprar 15.3 de balas a la compañía israelí, IMI System, incumpliendo su propio compromiso de anular el contrato.

Según ha sabido la SER, el Ejecutivo ordenará a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) que no autorice a Israel el envió de los palés cargados con las balas del calibre 9mm. La JIMDDU es el órgano nacional máximo que se encarga de autorizar cualquier operación de exportación e importación de material de defensa y doble uso en España. En ese foro, cuya presidencia recae en la Secretaría de Estado de Comercio, están representados los ministerios del Interior, Defensa y Exteriores. Serán ellos quienes tengan la última palabra para poder denegar el permiso que solicite Israel para enviar esa munición por que se han embolsado 6.6 millones de euros. El Gobierno dará este paso alegando "razones de interés general", según otras fuentes gubernamentales. Acto seguido el Ministerio del Interior rescindirá el contrato, en lo que será una nueva rectificación del Gobierno después de que Interior formalizase el contrato con IMI Systems.

El Gobierno asegura que ha dado este paso de rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems "tras haber agotado todas las vías negociadoras". El bloqueo del contrato podría ejecutarse el próximo 8 de mayo, ese día está previsto que se celebra la próxima Junta Interministerial de Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.

Las fuentes gubernamentales consultadas por la SER asumen que cuando la JIMDDU acaba bloqueando la autorización de importación de esta munición tendrán que pleitear con el Estado de Israel. De hecho, la abogacía del Estado y los ministerios competentes "ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones", según otras fuentes del Ejecutivo que, además, detallan que "los procesos de compra que sean armamento, no se van a ejecutar".

Indemnización del 3%

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público recoge que ante “la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados” (art.211) el contratista “tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar” (art.213). Es decir, la compañía israelí podría reclamar 198.000 euros como penalidad por no haber consumado el contrato.

La propia Ley estable que las penalidades deberán ser siempre proporcionales a la gravedad del incumplimiento, por eso “las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato”.

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Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida

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Este mismo miércoles, la SER adelantaba que el Gobierno había formalizado la compra millonaria de balas israelíes que se comprometió a anular. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil cerró el contrato de 6,6 millones de euros en plena Semana Santa, incumpliendo el compromiso del Ejecutivo de no comprar armamento procedente de Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023