El CGPJ no reconoce la huelga de jueces y no fijará servicios mínimos por falta de "soporte normativo"

El Pleno extraordinario celebrado en el Consejo General del Poder Judicial con motivo de la convocatoria de una huelga de jueces y fiscales la semana que viene ha acordado por unanimidad mantener el criterio de ocasiones anteriores: no reconocen el paro porque no existe "soporte normativo" para la medida de fuerza en estos funcionarios, como tampoco regulación que les atribuya competencias para fijar los servicios mínimos.

El acuerdo alcanzado resuelve comunicar a las asociaciones convocantes, que son todas menos las dos progresistas, que como ya fijó el Pleno en las protestas de 2009, 2012 y 2013, "el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece en el momento actual de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencias para ello, fijar servicios mínimos".

Este es el único punto de calado (el otro es la comunicación a los concernidos) en el que el Pleno ha alcanzado unanimidad, si bien se trata de un acuerdo más amplio, al que tuvo acceso la Cadena SER, del que una parte ha sido aprobado con la mayoría de los vocales conservadores.

Una crítica a la reforma de Bolaños

Esa parte del texto es un guiño a los convocantes de la protesta, que se celebra contra la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal. Se oponen entre otros aspectos, al proceso de consolidación de jueces y fiscales sustitutos que trabajan temporales y que podrán obtener una plaza (se van a convocar 1.004 vacantes específicas) si tienen cinco años de experiencia y superan un concurso-oposición como el del cuarto turno. Justicia lo enmarca en la reclamación de la Comisión Europea de acabar con la temporalidad en el empleo público.

"El Pleno del CGPJ en su informe al anteproyecto de la ley (...) opuso por unanimidad varios reparos a esta medida", dice ese punto del acuerdo votado por mayoría. Subraya que el proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o el denominado cuarto turno menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas".

En este sentido, añade que "ese sacrificio de un derecho fundamental carece de razón que lo justifique ya que tras producirse en su caso, la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, la medida no pone fin a la denominada justicia interina, cuya regulación pervive en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"Responsabilidad institucional"

Hay dos apartados más que no han sido apoyados por los vocales progresistas. Uno, reconoce el esfuerzo y dedicación de jueces y magistrados "en situaciones no siempre favorables". El otro, apela a la "responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales".

Pero el debate de fondo iba más allá, porque entre las propuestas que se habían puesto sobre la mesa para debate, constaba una específica que suscribía el vocal progresista José María Seijo. Perseguía un pronunciamiento del CGPJ declarando la movilización "claramente ilegal" y en la que el órgano de gobierno se reservase la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes al respecto. Ha sido rechazada expresamente.

El acuerdo va rumbo de notificarse ya a las asociaciones convocantes y al Ministerio de Justicia, que se había dirigido por carta al CGPJ para instar este pronunciamiento y pedirle un listado de los jueces y magistrados que participen en la huelga a fin de poder detraer de sus nóminas las jornadas de paro. Anunciaba que si el Consejo no reconocía la movilización, las cantidades serían detraídas igualmente pero en concepto de ausencia no justificada al puesto de trabajo.

Ha pedido para ello un listado de quienes participen en los tres días de huelga que se han convocado.