El exdelegado de Acciona responsabiliza a sus superiores por las contrataciones bajo sospecha en el 'caso Cerdán'

Madrid

El exdelegado de Acciona en Navarra, Fernando Merino, ha responsabilizado a sus superiores en la compañía respecto a la concurrencia en UTE con Servinabar y los contratos a los que optaban de forma conjunta y que se encuentran bajo sospecha. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha aseverado que eran sus superiores quienes decidían estos aspectos y que él era un mero delegado de zona.

Merino ha respondido al juez y al fiscal y ha negado irregularidades, amaños o pagos a cambio de obra pública, que la UCO cifra en 620.000 euros.

Por su parte, Antxón Alonso, gerente de Servinabar, a preguntas solo de su abogado, ha admitido que pagó 9.500 euros en nueve meses a Koldo. Dice que le contrató porque estaba en paro.

Antxón ha coincidido con Cerdán en que el contrato privado por el que cedía el 45% de Servinabar carecía de validez y también ha negado pagos o amaños.

El empresario dice que su sociedad tenía entre 10 y 15 trabajadores, que ha accedido con limpieza a contratos públicos y no ha sido preguntado respecto a sus relaciones con el PNV y Bildu, que según declaró el exsecretario de organización del PSOE, fueron relevantes para sus negociaciones políticas.

El juez les retira el pasaporte y les pide comparecencias quincenales

La Fiscalía había pedido comparecencias quincenales y retirada de pasaporte para ambos, medidas que el juez Leopoldo Puente ha aceptado.

El magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo prosigue las declaraciones de empresarios imputados por el presunto pago de comisiones al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García a cambio de obras públicas.

El magistrado imputó a varios empresarios a la vez que a Cerdán al considerar que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación" de obras públicas concretas a favor de sus respectivas empresas mediante "la realización de pagos" que, "en parte", habría podido recibir Ábalos, cuya condición de aforado implica que el Supremo investigue la causa junto a la Audiencia Nacional.

Puente se dirigió contra Alonso, Merino, José Ruz y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó una presunta trama de corrupción basada en amaños de obras y que estaría integrada por Cerdán, como supuesto cabecilla, Ábalos y Koldo. Para acordar investigarlos se apoyó en buena medida en las conversaciones que el exasesor grabó entre 2019 y 2023 con los otros dos implicados.

El contratro privado de Servinabar

Al registrar la vivienda de Alonso, administrador único de Servinabar, los agentes hallaron un contrato privado de compraventa en el que consta que Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones -el 45%- de esa empresa, que según la UCO se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

El documento estaba "firmado en sus cuatro páginas" por el exdiputado y por Alonso, así como "estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar". Y constaba que el empresario --titular de 3.000 participaciones sociales-- vendía algo menos de la mitad a "Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago".

También suscribían que "ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con el presente contrato".

La defensa de Cerdán subrayó que no se trata de una escritura sino de "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Al declarar, el exdiputado dijo conocer el contrato privado, pero insistió en descartar que tenga validez y aseguró que ni siquiera llegó a realizar el pago por esas participaciones sociales.

Su relación con Cerdán

Cerdán declaró que conocía a Alonso desde 2006 pero que hacia 2011 tenían ya "una relación bastante fuerte de amistad" porque hablaban "mucho" de política. "Es una persona que viene del mundo nacionalista, simpatizante o del entorno del PNV", por lo que analizaban "las relaciones que podían tener diferentes partidos" para que "un día en Navarra" no gobernaran "las derechas", expuso.

Lo describió como "fundamental" en las conversaciones "tanto con PNV como con EH Bildu" para llegar al Gobierno. De hecho, dijo que le facilitó la "interlocución" con ese segundo partido porque "era del mismo pueblo que Arnaldo Otegi": "Me abrió las puertas".

Pero Cerdán negó relación alguna con Servinabar y ligó el contrato privado a que el PSOE acababa de cosechar "el peor resultado de la historia" en Navarra y él, como director de campaña, era el responsable de ese "fracaso" y pensó "abandonar la política", algo que le comentó a Antxón, que le ofreció "ser socio".

"Firmamos", admitió, pero "el fin de semana" lo habló con su mujer, que le dijo que no abandonara la política y que, si lo hacía, regresara a su trabajo como técnico de mantenimiento: "Te vienes aquí al pueblo". Tras ello, ordenó a Antxón que "rompiera el documento".

El exdirigente añadió que en 2017, cuando recaló en Madrid, compartió piso con Alonso por unos 800 euros de renta mensual y que uno dormía en una habitación y el otro en el salón, detalló.

Negó cualquier gestión a favor de Servinabar, indicando que cuando se creó, en 2015, el PSOE estaba en la oposición. "Difícilmente puedo interceder, ayudar de ninguna manera a ninguna empresa", expuso.

Los vínculos de Servinabar y Acciona

La UCO indicó en su informe que Servinabar y Acciona participaron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se presentó a varias adjudicaciones públicas de Navarra, una de ellas las obras del túnel de Belate, que lograron por 76 millones de euros.

Se trata de "uno de los mayores contratos de obra pública adjudicados en Navarra en la última década", según la acusación popular ejercida por el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En el registro en la casa de Merino, quien fuera director de departamento de Navarra de Acciona Construcción, los agentes hallaron documentación que revelaría estrechos vínculos de la mercantil con Servinabar, como una "copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, formalizada el día 27 de febrero de 2019, relacionada con Antxón Alonso Egurrola y la sociedad Acciona Construcción".

A ello se sumó un "protocolo notarial de constitución de una UTE, de fecha 2 de enero de 2019, formada por Acciona Construcción y Servinabar 2000, representadas por Tomás Olarte" y Alonso Egurrola.

Y una "copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, de 26 de octubre de 2018, relacionada con la UTE Acciona Construcción y Servinabar", representadas igualmente por Olarto y Alonso, así como un "protocolo notarial de constitución de UTE, de fecha 12 de junio de 2018, formada por Acciona Construcción y Alegure", representadas por ambos. La UCO también halló documentación relacionada con las UTEs de "autovía Recajo" y "pabellón Navarra".

El Supremo exigió toda la documentación relativa a las cinco obras públicas de las que resultó adjudicataria Acciona Construcción --cuatro de ellas en el marco de una UTE-- por importe global de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño (La Rioja), una en Sevilla (Andalucía) y una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña).

Sobre Merino, Cerdán admitió conocerle. "Se presentó en Pamplona en mi despacho como delegado de Acciona en Navarra", precisó en su declaración. Desde ese momento, 2014, lo vio "un tiempo" pero al recalar en Madrid, en 2017, perdieron el contacto, agregó.

Las declaraciones de Alonso y Merino tendrán lugar después de que el pasado viernes los empresarios José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), negaran ante el magistrado del Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama.

El instructor de la causa impuso a los tres que comparezcan quincenalmente en sede judicial, aunque a Ruz le sumó la prohibición de salir del país con entrega del pasaporte, una petición de la Fiscalía Anticorrupción a la que se sumó la acusación popular.