La acusación popular pide la declaración de Pedro Sánchez y un careo entre el rector y el exvicerrector de la Complutense

Madrid

La acusación popular en la investigación abierta contra la actividad profesional de Begoña Gómez ha presentado el escrito de diligencias de investigación en la causa principal que se sigue por el procedimiento de la ley del jurado. Las asociaciones ultra que dirige HazteOír sostienen que estamos ante "un entramado delictivo deliberado" en el que "Begoña Gómez utilizó su condición para abrir puertas (tráfico de influencias), vendió esa posición a cambio de apoyos empresariales (corrupción en los negocios), desvió y privatizó un software universitario (apropiación indebida) y firmó lo que no podía firmar (intrusismo).

Juan Carlos Barrabés cobró los contratos, Cristina Álvarez movió los hilos y juntos convirtieron lo público en un negocio privado". Entre los indicios que aportan está el informe de la IGAE que no forma parte de la causa porque está presentado en el sumario abierto en la Fiscalía Europea, la relación conyugal entre la principal investigada y el Presidente del Gobierno y las adjudicaciones públicas que obtuvo el empresario, Carlos Barrabés.

Las acusaciones populares reclaman como prueba preconstituida la declaración de Carlos Barrabés por sus problemas de salud, la declaración como testigo de Pedro Sánchez por el papel que pudo desempeñar con las empresas que elaboraron el software para la cátedra de Begoña Gómez y un careo entre el rector, Joaquín Goyache, y el antiguo vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Además, quieren escuchar como testigo a Miguel Escassi, directivo de Google, y que se aporten nuevos correos electrónicos si los hubiera.

El escrito afirma que la Universidad Complutense contrató a Begoña Gómez por ser la mujer del Presidente del Gobierno, a pesar de que la vinculación empezó en 2012 y señala que la cátedra que codirigió "lejos de constituir un proyecto académico neutral, se convirtió en un instrumento de influencia y legitimación institucional destinado a potenciar la proyección personal de Begoña Gómez y a favorecer de manera directa los intereses empresariales de Juan Carlos Barrabés" con el concurso de Cristina Álvarez "para canalizar relaciones con empresas privadas y Administraciones públicas, sirviendo de eje para el desarrollo de las actividades indiciariamente delictivas".

"La condición de esposa de Pedro Sánchez permitió que la investigada pudiera proyectar su influencia determinante ante determinadas personas, instituciones y empresas, pero la articulación concreta se debió en gran medida a la labor de su asistente y ambas construyeron una trama de influencias utilizando conocimiento la cátedra que pudo iniciarse por la aportación del otro investigado Carlos Barrabés", concluyen.