El juicio llega a su ecuador sin conseguir vincular al fiscal general del Estado con la filtración del correo del novio de Ayuso

El juicio contra el fiscal general del Estado cubre la mitad de las sesiones. Veinte testigos han desfilado ya por el Tribunal Supremo y, de momento, acusaciones y defensas han tratado el motivo por el que se celebra esta vista pública de manera tangencial. Hemos escuchado quejidos y dilemas morales. Se han denunciado campañas de la Comunidad de Madrid para extender "sombras de sospecha" sobre la Fiscalía. Y de contrario, "operaciones" del aparato del Estado "para arruinar a una rival política", como Isabel Díaz Ayuso. Poco se ha hablado sobre la filtración del correo en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía que "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales".

Las acusaciones han orientado fundamentalmente los interrogatorios a los periodistas en la nota de prensa que desmintió el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue el fiscal el que había ofrecido el pacto cuando todo sucedió al revés. El problema es que el acusado nunca ha escondido que reclamó las comunicaciones del abogado del comisionista con la fiscalía para hacer una nota de prensa que -es cierto- algunos medios adelantaron parcialmente antes de que se hiciera pública. Estas preguntas son las que respondieron los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid. También los seis periodistas que han declarado ya y que se acogieron al secreto profesional para no desvelar las fuentes que les informaron sobre el fraude fiscal de González Amador.

La declaración de los profesionales de los medios de comunicación ha dejado claro que tres de seis de ellos manejaron el correo que se investiga antes de que lo tuviera el Fiscal General en la noche del 13 de marzo de 2024. La defensa de Alberto González Amador se esforzó por demostrar en el caso de eldiario.es que no dicen la verdad cuando afirman que tenían el documento una semana antes de que se produjera la supuesta filtración. Jose Precedo explicó que tenían desde el 6 de marzo la denuncia de la fiscalía contra el comisionista, el expediente tributario y el correo. El abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, no se creyó lo del correo. Se apoya en que en sus mensajes en redes y en las informaciones que fueron publicando citaban a los medios que lo contaban, a pesar de tenerlo. El periodista explicó que si lo hicieron así fue porque no les permitieron reproducirlo y ellos respetan a las fuentes de información.

En la misma línea declaró el compañero de Precedo, Marcos Pinhero, y el periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, que fue el primero en contradecir el bulo del jefe de gabinete de Ayuso que ya había echado a andar en el diario El Mundo a las 21:29 horas de ese 13 de marzo.

La clave ahora es el grado de credibilidad que le de el tribunal a estos testimonios. El instructor, Ángel Hurtado, no les dio ninguna. Se agarró al todos mienten para sostener lo que la defensa del Fiscal General llama "idea preconcebida" de que el filtrador era él sin abrir otras líneas de investigación. Otras líneas de investigación como las que les han vuelto a recordar los políticos que ya han declarado. Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, reenvió a Juan Lobato, entonces jefe de los socialistas madrileños, la mañana del 14 de marzo un pantallazo con la confesión del novio de Ayuso. Un documento distinto del que se investiga. Es decir, con la versión de estos testigos, que tienen obligación de decir verdad, podemos concluir que había más de un documento y más de un filtrador.

Esto refuerza la tesis de García Ortiz. La noche del 13 de marzo hubo "dos procesos independientes y autónomos" que se desataron después de que El Mundo publicara el bulo de que fue la fiscalía la que había ofrecido el pacto cuando todo sucedió al revés. Uno, el suyo, que quería la documentación para hacer una nota de prensa de desmentido y otro el de los periodistas que trataban de confirmar la información.

La estrategia de las acusaciones

Las acusaciones han desplegado una estrategia llena de argumentos y explicaciones inverosímiles para dibujar a Alberto González Amador como la víctima colateral de un ajuste de cuentas político. El primero, Miguel Ángel Rodríguez, que reconoció que monitorizó el expediente tributario a la pareja de su jefa desde el momento en el que se le notificó y que cuando el caso saltó a los medios de comunicación se inventó un bulo para protegerle que propagó entre periodistas afines porque, según dijo, "él es periodista y no un notario que necesite una compulsa". González Amador se definió como un empresario de éxito al que ha "matado públicamente" el fiscal general del Estado por "retrasarse en el pago de impuestos". "Me suicido o me marcho de España" dijo al término de una declaración en la que el Presidente del Tribunal, a diferencia de lo que ha hecho con otros testigos, no cortó, ni recondujo en ningún momento.

Los testimonios de Amador y Rodríguez han puesto negro sobre blanco que su estrategia pasaba por cerrar sus problemas con el fisco "rápido y sin ruido" y para eso contaron con la complicidad de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que acusa sin pruebas al "filtrador" García Ortiz. Lastra impuso el apagón informativo a su jefe de prensa, a pesar de que decenas de periodistas preguntaban por este tema cuando eldiario.es publicó la primera información. "Yo tengo mil llamadas y no voy a responder a ninguna", le dijo. Para la fiscal superior de Madrid, González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, que pegó un pelotazo de dos millones de euros con la venta de mascarillas dejando de pagar a Hacienda 350.000 euros es un "ciudadano particular". Unos ingresos que le han permitido comprar un atico de lujo que ha reformado o coches de alta gama. El problema de esta estrategia es que la cantidad presuntamente defraudada obligó a la fiscalía a interponer denuncia y el caso trascendió a la opinión pública. A pesar de todo, el fiscal que sustituyó al primero en la causa ha confirmado que siguieron negociando el pacto de conformidad.

La semana esperamos que cambie el guion. Declaran otros seis periodistas. Muchos de ellos confirmarán que manejaban la confesión antes de que llegara al correo del acusado que será el último en declarar. Antes los hará la UCO que tendrá que explicar porque otorgó a García Ortiz un papel preeminente en la filtración que es lo que realmente se está juzgando en el Tribunal Supremo.