Los 65 crímenes de la Transición olvidados por el Gobierno
Las familias de los asesinados por la brutalidad policial entre 1979 y 1983, molestas por el decreto que les ha dejado fuera de la reparación
Los 65 crímenes de la Transición olvidados por el Gobierno
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Madrid
El Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el martes pasado para reparar a las víctimas de la violencia policial durante la Transición ha dejado fuera los 65 crímenes perpetrados entre 1979 y 1983, enmarcados dentro de esta época de nuestra reciente historia, a pesar de que la comisión técnica que se puso en marcha para evaluar estos asesinatos tiene ya su listo su informe final donde ha estudiado sus casos.
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Ese Real Decreto solo contempla la reparación y la indemnización a quienes fueron víctimas desde la muerte del dictador Francisco Franco (1975) hasta la entrada en vigor de la Constitución (29 de diciembre de 1978). En realidad la norma es una ampliación de lo que ya se recogía en la Ley de Memoria Histórica de 2007 que contemplaba ayudas a las víctimas hasta 1977.
El Gobierno ha optado por no incluir en el mismo Real Decreto a todas las víctimas a pesar de que, según fuentes del Ministerio de Memoria Democrática, la comisión ha valorado más de 60 casos entre 1979 y 1983 y su informe se hará público "en breve".
Después, se elevará al Gobierno para su valoración. Entre las recomendaciones de la comisión se apunta un tratamiento igualitario, es decir, que estas víctimas sean tratadas de igual manera que las que contempla la ley en su marco temporal.
Lápida que recuerda el lugar donde fueron asesinados los tres jóvenes del "caso Almería"
Lápida que recuerda el lugar donde fueron asesinados los tres jóvenes del "caso Almería"
Sin embargo, las familias de quienes fueron brutalmente asesinados por los diferentes cuerpos policiales en esos últimos años de la transición, se han quedado perplejas al verse fuera de la norma, que ahora tendrá que tramitarse y aprobarse en el Congreso.
Se quedan fuera, por ejemplo, las familias de los tres jóvenes torturados hasta la muerte por la Guardia Civil en Almería en mayo de 1981 cuando presuntamente fueron confundidos con miembros de ETA.
Ese día iban camino de la comunión del hermano de Juan Mañas. Francisco Mañas, hoy, reconoce que no hay un solo día que no recuerde lo que pasó. Está molesto con la administración, "que nunca ha asumido su responsabilidad", y con esta decisión. "No entiendo qué criterios se ha usado para excluir a las víctimas entre el 79 y el 83, da la sensación de que hasta las víctimas se consideran de primera y de segunda", asegura Mañas.
Según el libro del historiador David Ballester, los tres jóvenes aparecieron muertos diez horas después de su detención, con muestras de haber sufrido torturas verdaderamente espeluznantes, con sus cuerpos mutilados y calcinados en el interior de un vehículo que habían alquilado.
Da la sensación de que hasta las víctimas se consideran de primera y de segunda
— Francisco Mañas, hermano de Juan Mañas asesinado en 1981
Fuera de esta reparación han quedado también las familias de José Luis Montañés y Emilio Martínez que murieron de sendos disparos de bala en una manifestación en Madrid en 1979. El hermano del primero, Javier Montañés, no da crédito: "Tenemos un sentimiento de frustración e impotencia porque se nos vuelve a dejar fuera de la verdad, la justicia y la reparación".
Para este familiar, la realidad de nuestra historia muestra que la represión se prolongó más allá de la Constitución y esperan que exista voluntad del gobierno para no dejarles de lado y acogerles en este Real Decreto.
Tenemos un sentimiento de frustración e impotencia porque se nos vuelve a dejar fuera de la verdad, la justicia y la reparación
— Javier Montañés, hermano de José Luis Montañés, asesinado en 1979
En el Colectivo de Olvidados de la Transición (COT) también ha sorprendido la decisión del gobierno. "No hay diferencia, son nuestros muertos, a nuestro juicio el RD tendría que haber incluido a todas las víctimas sin otra consideración", asegura Javier Almazán, portavoz de COT, a pesar de que en su caso, si podrá pedir la reparación una vez que se apruebe el decreto por el asesinato de su hermano Ángel, apaleado en una manifestación en diciembre de 1976.
"Son años irreparables", afirma Almazán, "no se trata solo de reparaciones económicas, lo verdaderamente importante es que se conozca lo ocurrido y que se haga justicia, que esa verdad sea reconocida en sede judicial como delitos de lesa humanidad".
Antigua pintada en protesta por el asesinato de José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Facultad CCINF (UCM)
Antigua pintada en protesta por el asesinato de José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Facultad CCINF (UCM)
También podrán acogerse a esta reparación los familiares de Germán Rodríguez que tenía 27 años cuando fue asesinado por un impacto de bala en los sanfermines de 1978, sin embargo, su hermano Fermín confiesa que una indemnización no es la meta.
"El reconocimiento económico es un brindis al sol, no hacen falta indemnizaciones económicas, no llevamos 50 años peleando por conseguir dinero", afirma, "necesitamos que el Estado reconozca de una vez su responsabilidad, que haga publica una disculpa y una petición de perdón, que facilite el acceso a información clasificada".
