El exministro Fernández Díaz y su 'número dos' en Interior se sientan en el banquillo pidiendo la nulidad del juicio de la 'operación Kitchen'
Cambio radical de estrategia de ambos, que en el pasado se acusaron mutuamente y ahora defienden idénticas estrategias
El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (s), ex secretario de Estado de Seguridad, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) / Javier Lizon (EFE)
Madrid
El juicio por la operación Kitchen ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2012 y 2016, llegó al tribunal a pie y acompañado de su abogado.
El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, llega a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) / Javier Lizon
El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, llega a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) / Javier Lizon
La vista, que se prolongará hasta el 30 de junio, sienta en el banquillo a la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy por orquestar presuntamente un operativo parapolicial con el objetivo de obtener información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas en plena investigación judicial del caso Gürtel.
También se sienta el que fue la 'mano derecha' de Fernández Díaz y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, considerado el "coordinador" de ese operativo, así como exresponsables policiales que habrían colaborado para sustraer a Bárcenas documentación comprometedora relacionada con la financiación irregular del PP.
Están acusadas 10 personas más, muchos de ellos ex altos cargos de Interior. El único que habló con los periodistas a su llegada fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Fernández Díaz y su 'número dos' presentan idénticas cuestiones previas
Tras el careo en 2020 entre Fernández Díaz y su número dos en el que hubo reproches cruzados, en esta ocasión han decidido ir de la mano: ambos presentan idénticas cuestiones previas, han pedido la nulidad del caso porque consideran que la Audiencia Nacional no es competente para juzgarles y señalan que las pruebas que les incriminan en fase de instrucción no apuntan al PP.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz, uno de los 10 acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
Villarejo afronta el juicio "con entusiasmo"
Villarejo llegó a la sede judicial a pie e hizo declaraciones a los periodistas. Ataviado con una corbata con el escudo de la Policía, dijo afrontar el juicio "con entusiasmo", a pesar de que cree que pretenden "darle matarile" y meterle de nuevo en prisión, pero ahora "para no salir": "Si al final estos chicos deciden darme matarile quedarán mis libros, que están muy bien", ha señalado en todo de broma junto su abogado.
EUROPA PRESS
El comisario jubilado pidió que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explique en su declaración como testigo cuál fue el papel del CNI.
Entre los testigos llamados a declarar figura la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.
El PSOE pide la suspensión del juicio
La letrada del PSOE, Gloria Pascual, reclama la suspensión del juicio y la retroacción de las actuaciones a la fase instructora, para incluir en el procedimiento los indicios y pruebas que no fueron tenidos en cuenta por el juez García Castellón ni por la Sala, que indicaban la existencia de una trama política del PP que ha sido excluida del procedimiento.
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Se trata de transcripciones, anotaciones y sobre todo audios grabados por Villarejo a Cospedal, que apuntan a que existía una dirección del operativo desde las más altas instancias del PP y del Gobierno.
Esta acusación también pide que el Partido Popular sea acusado como partícipe a título lucrativo o responsable subsidiario. No es de recibo que el Estado deba asumir el coste, dice, cuando el PP era el principal beneficiario de la operación.
