El Ministerio del Interior impide el acceso íntegro a los documentos del franquismo que alberga en su archivo de manera irregular

Madrid

El Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) está limitando el acceso íntegro a la documentación sobre la dictadura franquista que todavía custodia, a pesar de que la ley solo permite a un ministerio guardar documentos con una antigüedad máxima de 30 años.

A diferencia de otros archivos históricos, como el Archivo General de la Administración, el Archivo de Interior no permite la consulta directa de los documentos, excede los límites legales en la entrega de la copia de los archivos solicitados y aplica una serie de vetos en los datos de terceras personas que aparecen reflejados en esos documentos a pesar de que la Ley de Memoria Democrática prohíbe expresamente este tipo de censura.

Dicha ley, en su artículo 27.2, establece que "cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas, pudiendo consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos con independencia de la fecha de los mismos".

Investigadores, académicos y familias de represaliados con los que ha hablado la SER denuncian esta situación: dificultad en el acceso a los archivos, demoras en los plazos legales y censura de los documentos solicitados. "Se está vulnerando la Ley de Transparencia, la Ley de Patrimonio Histórico Español pero principalmente la Ley de Memoria Democrática", afirma Mario Lozano, investigador de la Universidad de Barcelona. El AGMI no es un fondo cualquiera. Según Lozano, "la documentación que están reteniendo pertenece al principal aparato represor de la dictadura, el Ministerio de la Gobernación Franquista". Es una documentación que nunca nadie ha trabajado y a la que no se puede acceder con regularidad, como en cualquier otro archivo histórico, como denuncian los académicos y también las familias.

Laura Bolaños, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, lo corrobora. Para elaborar su tesis sobre un grupo de presas del franquismo pidió información al AGMI. "Cuando recibí los expedientes me encontré que estaban censurados tanto las nombres de otras presas, como de funcionarios y hasta el director de la prisión", nos cuenta. También recibió censurados todos los nombres de los libros de altas y bajas en los que se registraba la entrada y salida de las presas. "Por no hablar de los plazos dilatadísimos que suelen ser más de un año", aunque la normativa marca un plazo máximo de un mes para la entrega de este tipo de archivos documentales. Laura lo compara con los documentos que tuvo que buscar en otros archivos provinciales y estatales. "No censuran la documentación y además puedes verla en persona", explica. En el AGMI no hay sala de consulta. La documentación se puede solicitar en persona pero no se facilita en el Ministerio sino que se envía copia por correo.

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Paloma se topó con la opacidad del Archivo General de Interior cuando solicitó el expediente penitenciario de su tía, una de las presas de la cárcel de Ventas en los primeros años del franquismo que fue fusilada en el Cementerio del Este en 1940. Antes había pasado por otros fondos y archivos como el Archivo Militar de Defensa. "Hasta llegar al de Interior en todos los demás pude ir directamente al archivo, he visto los documentos original, he podido mirar, leer, hacer fotos con el móvil", afirma. Sin embargo, cuando llegó al AGMI, a pesar de que su intención era la consulta directa de la documentación, "pero eso parece ser que era imposible". Hizo la petición en mayo de 2023 y un año y medio después recibió los documentos, pero censurados. "Me mandaron dos páginas llenas de tachaduras", asegura. En las fotografías tomadas de esos documentos se puede ver como aparecen censurados nombres y firmas de funcionarios. "Hasta doce firmas tachadas en los expedientes", afirma Paloma.

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"De facto es un hecho que lo que están haciendo es proteger a agentes políticos que ejecutaron la política represiva de la dictadura en el Ministerio de la Gobernación tachando sus nombres y ocultado sus identidades", sentencia Lozano. Interior lo niega. Fuentes del ministerio explican a la SER que el Archivo General no censura los documentos sino que aplica con rigor y objetividad la normativa y apuntan a que las solicitudes que se reciben al amparo de la Ley de Memoria Democrática se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso.

Los problemas no acaban ahí. Según académicos e investigadores, este Archivo no permite consultar los catálogos que describen la documentación que custodia. Es decir, no se puede saber en qué caja está la documentación porque no existe una catalogación previa de los fondos que guarda. "Es como buscar una aguja en un pajar", según denuncian los académicos que exigen a Interior que cumpla con la normativa y transfiera toda la documentación que conserva en sus depósitos.

Retención irregular y pugna entre ministerios

Estos archivos, que se encuentran distribuidos en más de 80.000 cajas sin catalogar, deberían haber sido transferidos hace años al Archivo General de la Administración (AGA) dependiente del Ministerio de Cultura. Por ley, un ministerio no debe custodiar documentación histórica más allá de 30 años. Es decir, que de facto, Interior solo podría conservar en sus archivos documentos no más antiguos de 1996. Sin embargo, la transferencia de documentos al AGA se ha venido realizando con cuentagotas. Según fuentes del Ministerio del Interior, en los últimos 25 años, el AGA ha permitido dos ingresos de fondos documentales: en 2001 (529 cajas) y en 2011 (1300 cajas) Interior asegura que su Archivo General transfiere estos fondos a medida que le son requeridos por el Archivo General de la Administración y de acuerdo con la reserva de espacio que se le comunica. Para finales de este mes, está prevista una nueva transferencia de 6300 nuevas cajas. Todos estos fondos que según Interior ya han recibido el visto bueno del AGA para el traspaso, suponen apenas un 10% de todo el material documental archivístico que se encuentra en el ministerio. Es decir que, una vez se haga efectivo el último traspaso, quedarán todavía más de 70.000 cajas con documentación inédita en el Archivo General de Interior.

Sin embargo, la explicación del Archivo General de la Administración, dependiente del Ministerio de Cultura, contradice la versión de Interior. Fuentes de Cultura explican a la SER que en 2024 se comunicó al Archivo General del Ministerio del Interior que había espacio para la transferencia de fondos. "No contestaron, a diferencia de otros ministerios que mandaron cosas", explican estas fuentes. En 2026, aseguran, se les ha recordado y ahora sí van a enviar documentación. Cultura también desmiente que el número de cajas que se pueden traspasar al AGA sea limitado por el propio Archivo. "El número de documentos que manda cada ministerio lo deciden ellos", afirman estas fuentes que aseguran que hay espacio suficiente en el AGA para almacenar estos archivos. Es más, según Cultura, se firmó un acuerdo con Interior en 2021 para que remitieran documentación de la cárcel de Carabanchel pero no lo han hecho aún a pesar de que hay un kilómetro lineal disponible en el AGA para esto.