Las cartas de perdón de los presos de ETA y lo que dicen sobre la cicatriz del terrorismo: "Si no ocultan nada, ¿por qué no lo explican?"

Madrid

Las cartas de arrepentimiento escritas por presos de ETA vuelven al centro del debate público tras su publicación en EL PAÍS el pasado 12 de abril. Tres días después, el periodista Pablo Ordaz, que cubrió el conflicto vasco entre 1995 y 2008, firma una columna titulada El súbito arrepentimiento de los presos de ETA, en la que plantea la necesidad de abordar este momento con cautela y respeto hacia las víctimas.

Ordaz considera en La Ventana que las disculpas llegan tarde, aunque insiste en que deben ser bien recibidas en un sistema penal basado en la reinserción. "El sistema legal y penal español está basado en la reinserción, la cuestión es hacerlo bien y estamos en un momento delicado", señala. El periodista subraya que el proceso requiere especial cuidado porque cada avance relacionado con los presos debe hacerse con sensibilidad hacia quienes han sostenido el peso de la democracia y hacia las víctimas del terrorismo.

Además, recuerda que el momento actual marca una etapa final del proceso penitenciario para muchos internos. Según explica, su artículo pretende ser una llamada de atención ante una situación que exige prudencia y respeto: "Los presos están saliendo y el proceso debe gestionarse con especial atención a la memoria de las víctimas".

Un proceso complejo dentro y fuera de las cárceles

La periodista Isabel León aporta el contexto actual del sistema penitenciario vasco, marcado por cambios recientes y por un aumento de medidas de flexibilización. Señala que las salidas de Garikoitz Aspiazu, conocido como 'Txeroki', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', desde la cárcel de Martutene para trabajar o realizar voluntariado reflejan la dificultad del momento que atraviesa el sistema penitenciario y la sociedad.

Desde que el Departamento de Justicia pasa a manos del PSE con la llegada de Imanol Pradales al Gobierno vasco en junio de 2024, la flexibilización del régimen penitenciario resulta evidente. Sin embargo, León plantea una pregunta clave: si este proceso se está explicando lo suficiente a la ciudadanía.

Los datos muestran que actualmente hay 116 presos de ETA en cárceles vascas, lo que representa el 6,5% del total de la población reclusa. Desde 2021 se producen 120 traslados de internos y más de 2.000 clasificaciones en segundo grado, de las cuales solo cuatro corresponden a condenados por terrorismo.

En cuanto al tercer grado, se dictan 2.002 resoluciones desde 2021, de las que 119 afectan a presos de ETA, una cifra inferior a su peso en la población penitenciaria. Estas progresiones, explica León, no siempre son definitivas, ya que pueden suspenderse si la Fiscalía presenta recurso.

También explica el funcionamiento del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas regulares entre semana manteniendo el segundo grado penitenciario. Este mecanismo, vigente desde 1996, permite cierta flexibilidad sin llegar a la semilibertad completa.

Las víctimas y el peso emocional del proceso

El impacto de estas medidas en las víctimas resulta uno de los puntos más sensibles del debate. Según explica Isabel León, la reacción general se sitúa entre la incomodidad y el malestar, debido a que muchas víctimas perciben estos avances como un nuevo duelo añadido al que ya arrastran desde hace años.

En paralelo, las cartas de arrepentimiento escritas por algunos presos generan indignación en sectores de víctimas, como el colectivo COVITE, que cuestiona su sinceridad y su papel en el proceso penitenciario.

La jueza Inés Soria, asesora penitenciaria del Gobierno vasco, aclara que estas cartas no constituyen una obligación para progresar de grado. Explica que las decisiones se basan en un seguimiento individualizado de cada interno, realizado por juntas de tratamiento que analizan numerosos factores.

"El arrepentimiento puede ser sincero o no, pero las decisiones sobre progresión no se basan solo en cartas", señala Soria. Añade que estas manifestaciones forman parte del desarrollo individual del interno, pero deben ir acompañadas de conductas coherentes a lo largo del tiempo.

Asimismo, recuerda que para acceder al tercer grado o a la libertad condicional resulta imprescindible demostrar signos inequívocos de abandono de la violencia y de desvinculación de organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, insiste en que las víctimas tienen derecho al reconocimiento del daño sufrido, aunque no todas desean recibir información constante sobre el proceso.

La necesidad de transparencia y pedagogía

Uno de los puntos centrales del debate se sitúa en la comunicación institucional y la necesidad de explicar cada paso con claridad. Pablo Ordaz insiste en que los procesos más delicados requieren mayor transparencia pública.

"Cuanto más sensible es el caso, más pedagogía y transparencia se necesita", afirma. El periodista cuestiona si la sociedad dispone de toda la información necesaria para comprender el significado real de las cartas de arrepentimiento y los cambios en el régimen penitenciario.

También recuerda el contexto vivido durante los años de violencia, cuando periodistas y ciudadanos convivían con escoltas y amenazas constantes. Desde su experiencia, advierte que las víctimas no son una abstracción, sino personas que vivieron durante años en situaciones de persecución y miedo.

Por su parte, Isabel León subraya que las instituciones han desarrollado mecanismos de comunicación y apoyo a las víctimas desde la llegada del nuevo equipo al Departamento de Justicia. Explica que se han creado sistemas de información pública y acompañamiento a través de asociaciones, con el objetivo de facilitar el acceso a datos y reducir la incertidumbre.

Aun así, reconoce que la exposición constante del tema en los medios puede generar malestar adicional en algunas víctimas, que prefieren no revivir continuamente estos procesos.