Accem, sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Pasan de ser invisibles a poder evitar y denunciar abusos"

Madrid

El Plan Extraordinario de Regulación Migratoria aprobada por el Gobierno el 14 de abril de 2026 ya está en marcha. Alrededor de 500.000 personas que ya viven en España pueden beneficiarse de una medida que no se produce desde hace dos décadas. Son muchas las organizaciones que llevan tiempo pidiendo este proceso. Judith García es responsable del eje jurídico de Accem, que es una organización española sin ánimo de lucro especializada en la atención a migrantes, y se ha asomado a El Faro de Mara Torres para valorar esta medida.

Este plan extraordinario ha generado, como otros muchos, posiciones muy encontradas: "Yo creo que sí se está haciendo un esfuerzo por que el común de la ciudadanía entienda lo que es este proceso de regularización, lo que implica, a quién afecta y los beneficios que trae". Uno de los factores que más discrepancia ha generado es la seguridad y el aumento de la delincuencia, con lo que la responsable de Accem ha sido muy tajante: "A nivel social también va a tener un impacto positivo. Son personas que están aquí con nosotros, con las que ya convivimos. Chocan, a veces, los comentarios sobre un aumento de la delincuencia. Si ya están aquí no hay ningún riesgo, no es un efecto llamada, son personas que ya viven con nosotras".

La representante ha explicado que la futura regularización alcanzará a personas que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026 y se encuentran en una de dos situaciones: han solicitado protección internacional antes de esa fecha y pedir permiso de residencia o trabajo, o que llevan al menos cinco meses en España y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hayan trabajado o tengan intención de hacerlo y puedan documentarlo. Esto aplica a hijos menores de edad, mayores dependientes o convivientes.

Una confusión que ha dado pie a la difusión de desinformación es entender esta regularización como conseguir la nacionalidad, cuando no tiene nada que ver: "El acceder a la residencia legal y obtener un permiso de trabajo implica un cambio de vida para estas personas. Pasan de ser prácticamente invisibles a nivel administrativo a tener la posibilidad de vivir legalmente, evitar abusos, por ejemplo, con un permiso de trabajo que les habilita para trabajar legalmente con todos sus derechos”. Además, también obligaciones: "Esto incluye la parte tributaria y también las cotizaciones a la Seguridad Social".

García también ha aclarado que esta regularización también va a afectar a la formación profesional de aquellos que la adquieran, pues la mayor parte de títulos universitarios y similares no son válidos en situación irregular, por lo que, tras este proceso, tendrán opciones de optar a puestos más especializados y con mayores requisitos.

También se ha puesto sobre la mesa un dato que a muchos se les escapa: muchas de esas personas en situación irregular llegaron a España regularmente: "Puede ser que una persona venga a estudiar, termine su su formación y quiera emprender una vida en España y poder trabajar. Muchas veces, ese paso que implica permisos de residencia, de estudios, de estancia, y trabajo se dificultan y caen en situación irregular, pero han pasado por un control fronterizo en el que han sido perfectamente chequeadas en todos los niveles, incluyendo los de seguridad".