Luz verde al plan de compensaciones e indemnizaciones para las personas que reciban llamadas indeseadas

"En los dos primeros meses desde la entrada en vigor de este Plan, los operadores ya han bloqueado 14 millones de llamadas con intenciones fraudulentas", comentaba Óscar López, ministro para la Transición Digital y Función Pública, sobre el Plan contra las estafas de suplantación de identidad puesto en marcha por el Gobierno y que entró en vigor el 7 de marzo. Según los datos del ministerio, se están bloqueando una media de 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día.

Y es que, desde que se puso en marcha esta nueva normativa, los operadores están obligados a bloquear numeraciones que no están asociadas a usuarios o servicios registrados previamente para fines comerciales y de esta índole, llegando en tan solo un par de meses a desechar hasta 14,13 millones en concreto. El ministro afirmaba que "estos datos demuestran que las medidas funcionan, mejoramos la protección de la ciudadanía y les damos herramientas para mejorar su seguridad".

Esto intenta que los usuarios no caigan en estafas, pues utilizan estos números haciéndose pasar por operadoras con el fin de robar datos y conseguir acceder incluso a cuentas bancarias, suponiendo un perjuicio enorme. Es muy peligroso, pues en principio podría parecer que son llamadas oficiales, pero a partir de ahora dichas llamadas con fines comerciales serán identificables pues solo se harán con las numeraciones atribuidas específicamente a las empresas.

Vías para los estafados

Pero, ¿qué pasa con aquellos que han caído en las estafas? Por desgracia, el bombardeo constante que se produce hace que las probabilidades de tener un descuido aumenten significativamente y hay muchos afectados, más de los que podríamos pensar, así que debería también de apuntalarse legalmente alguna solución para ellos. Esto es lo que han pensado en Grecia, que al parecer han reforzado sus leyes para compensar no solo a los que caigan, sino también a los que reciban las llamadas no deseadas.

Con el compromiso de que estas se acaben, intentan proteger al consumidor. La web Techmaniacs explica que "según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 3471/2006, todo proveedor de telecomunicaciones debe mantener el llamado 'Registro 11', donde pueden registrarse los suscriptores que no deseen recibir este tipo de llamadas con fines publicitarios", legislación que ahora ha sido reforzada por la sentencia 564/2024 del Tribunal Supremo.

Si un abonado sigue recibiendo llamadas aunque esté inscrito en el 'Registro 11', según la ley, tiene derecho a una indemnización completa y una compensación económica por daño moral mínimo, que el tribunal ha considerado que sea de un importe mínimo de 10.000 euros. Cuentan que esto se espera que, además de reparar los perjuicios de los afectados, sirva como un factor disuasorio frente a las empresas que violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. De esta forma, la medida puede crear un precedente al que se unan más países a nivel europeo.