Preferentes: ¡Por fin aparecen los de consumo y los jueces!
Así las cosas, en su momento serán seguramente los jueces los que dilucidarán el nivel de responsabilidad de las entidades en la venta de este producto y si se hizo con suficiente transparencia como para que realmente los afectados fueran conscientes de lo que estaban comprando. Me consta que muchos jamás fueron informados de los serios riesgos que corrían, de las dificultades para cobrar que podrían tener…
Y es que estamos ante un producto financiero mezcla de renta fija y acciones, pero que tiene un problema serio: su carácter perpetuo. Es decir, no tiene fecha de vencimiento, lo que significa que si quieres recuperar el dinero, es necesario ponerlo a la venta y, naturalmente, que alguien lo compre. Vender en un mercado secundario muy complejo en el que es fácil perder mucho de lo invertido…
Ha habido muchos casos “sangrantes” y uno de los que comentaba en el videoblog del jueves era el de una anciana de 79 años, ¡con alzheimer!, que ha demandado estos días a Caja Cantabria. Según su abogado, “teniendo en cuenta su estado, nunca hubiera podido entender ninguna información que le pudieran dar en el banco”. Fue en 2009 y todavía no ha podido recuperar su dinero. El letrado, José Ángel Ecenarro, considera que “el principio de buena fe por parte del banco ha saltado por los aires y la entidad demandada merece incluso el reproche jurídico”.
El caso es que aunque con bastante retraso – el problema no es nuevo –, hasta ahora solo las organizaciones de consumidores se habían preocupado por este problema, pero no así las autoridades de consumo, no pocas veces acostumbradas, como en este caso, a mirar para otro lado cuando se trata de plantar cara a colectivos importantes. Menos mal que la Agencia Catalana del Consumo y el Instituto Galego del Consumo han decidido recientemente implicarse en el problema que afecta a miles y miles de usuarios, de pequeños ahorradores. En Galicia, por ejemplo, han aportado 500 contratos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ya se habla de una “demanda masiva” del ministerio público contra NovaGaliciaBanco, en la que será la mayor de la historia de esta comunidad en defensa de los consumidores. Se habla de 43.000 afectados. Ni más ni menos…
Vale, perfecto, pero ¿dónde estaban los responsables de consumo ? O mejor: ¿dónde están hoy los de otras muchas comunidades que también tienen afectados? Y podríamos ir más allá: ¿dónde están las fiscalías cuando este asunto se lleva denunciando ya desde hace bastante tiempo? Es decir, escándalo tras escándalo…
Se ha perdido demasiado tiempo en investigar, en buscar posibles claúsulas abusivas que permitan a los jueces solicitar la nulidad. Pero nunca es tarde. Si estas últimas movilizaciones administrativas sirven para buscar responsabilidades y, sobre todo, soluciones, el desaguisado será menos grave, aunque “retrata” el nivel de protección que tenemos los consumidores.
Del papelón de la clase política ante el escándalo, mejor no hablar…
