El editorial de Pepa Bueno: "¡Vivan las caenas!"

El Gobierno sostiene por escrito que la nueva Ley del aborto hará a las mujeres más libres porque para abortar tendrán que conseguir el permiso de dos médicos y de los servicios sociales y eso garantiza que tomará una decisión bien informada. Es decir que la carrera de obstáculos que tendrán que salvar las mujeres que quieran abortar en España es en realidad una ventaja, refuerza nuestra capacidad de decidir. Así lo explica la memoria que acompaña a la Ley elaborada por la Secretaria de Estado de Justicia, un documento al que ha tenido acceso la SER y que confirma el aliento ultraconservador que inspira el proyecto Gallardón.

Según la Memoria, la nueva ley favorece las políticas de género porque apoya la maternidad. Los autores deben seguir pensando que ser madre es el único y principal destino de las mujeres en el siglo XXI, no así el del género masculino y además considera que aumentará la natalidad y eso puede tener un impacto positivo sobre la economía... El propio redactor del texto debe darse cuenta del disparate y dice después que, en cualquier caso, el objetivo de la ley es la protección del no nacido y no la economía.

Y efectivamente, recuerda insistentemente el texto que se elimina lo que llama el aborto eugenésico, la denominación preferida de los antiabortistas radicales para referirse a la interrupción del embarazo de un feto con malformaciones graves, incluso incompatibles con la vida. Un supuesto que ya recogía incluso la ley de 1985.

Y por último, el documento justifica la necesidad de la nueva regulación a partir de un dato falso: argumenta que la Ley Gallardón es necesaria porque el número de abortos crece en España. Pues bien, dos días después de que el consejo de Ministros aprobara el anteproyecto, el propio Ministerio de Sanidad publicaba los datos correspondientes al 2012 que demostraban que con la ley de plazos actual el número de abortos había bajado un 5%.

Es ya tan grande el cúmulo de despropósitos en torno a la elaboración y gestión de esta reforma que priva a las españolas de un derecho que sí tienen las europeas de nuestro entorno, que más que introducir cambios, o retrasarla como estrategia electoral, la mejor salida para el gobierno sería retirarla.

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