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Viernes, 28 de Febrero de 2020

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Cláusulas de trabajo frente a la obligación cívica

Soledad Gallego-Díaz fija hoy su mirada en el juicio contra un periodista por desvelar información confidencial de una empresa

Ni las autoridades de Luxemburgo ni lo altos ejecutivos de la empresa consultora PriceWaterhouse han sido procesados ni perseguidos por aconsejar, idear o poner en marcha un sistema que permitía a empresas multinacionales dejar de pagar impuestos en cada uno de los países donde tienen actividad y hacerlo solo en ese Gran Ducado, donde obviamente se negociaba antes una cifra de dinero muy inferior. El único procesado ha sido, faltaría más, el periodista que primero obtuvo información sobre esos acuerdos secretos.

El escándalo Luxleaks saltó hace unos meses gracias al trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero hacia ya tres años que un periodista de la agencia France Press, Edouard Perrin, había denunciado esas prácticas. Ahora, PriceWaterhouse le acusa de hacer públicos documentos que eran propiedad de la firma, y de actuar conjuntamente con un empleado de la empresa que se apropio de ellos y que también procesado.

La cuestión es muy simple. ¿No creen ustedes que en Europa deberían existir leyes que protejan a quienes revelen información que es, sin la menor duda, de gran interés público? ¿De qué otra forma pueden los ciudadanos saber lo que se cocina a sus espaldas si no es con periodistas que denuncian prácticas de ese tipo y que obligan a rendir cuentas de ello? ¿No debería protegerse también a los empleados que rompen su obligada confidencialidad cuando detectan asuntos que perjudican a los ciudadanos? ¿Por qué deben prevalecer las cláusulas de un contrato de trabajo frente a las cláusulas de la obligación cívica?

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