¿Qué fue de Francia?

Madrid

Un tribunal francés ha ordenado a las autoridades públicas que acaben con las escandalosas condiciones higiénicas y sanitarias en que se encuentra el campamento de refugiados de Pas de Calais, donde se hacinan más de 6.000 personas desasistidas de cualquier ayuda. Es el Estado y la ciudad de Calais quienes deben poner en marcha inmediatamente la construcción de decenas de sanitarios, duchas, lavaderos y entradas de emergencia porque es al Estado, afirma el Tribunal, a quien le corresponde garantizar y proteger los derechos elementales de las personas. La resolución judicial es una bofetada al Gobierno socialista francés, incapaz de hacer algo para poner remedio a una situación que el propio primer ministro Manuel Valls calificó a finales de agosto como “personas viviendo en la jungla”, como si esa jungla no tuviera nada que ver con él.

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Valls recorrió entonces en helicóptero la zona y dio buenas palabras: “se pondrá en marcha un plan”, anunció, “para crear un nuevo campamento y garantizar un techo a las miles de personas a las que amenaza el frío y el barro”. Pero han pasado los meses y ha tenido que ser una demanda formal presentada por Médicos del Mundo y otras organizaciones católicas la que obligue al Estado francés a hacer algo de verdad. Ni Valls, ni el presidente de la República, François Hollande, parecen sentir la menor responsabilidad.