Objetivo: erradicar el mosquito tigre

Madrid

 Una sentencia reciente del Tribunal Supremo obliga a las Comunidades Autónomas a desarrollar planes de control de las especies invasoras, como el visón americano, el cangrejo rojo americano el camalote o el hongo quítrido. Sin embargo, en España sólo se invierte cada año unos 50 millones de euros en erradicar esta especies que ponen en riesgo no sólo la fauna y la flora ibérica, sino también la salud de los españoles, como en el caso del mosquito tigre, una especie introducida en nuestro país y que es uno de los vectores del virus del Zika.

En 2012, más de 80 científicos pertenecientes a universidades y centros de investigación de todo el país alertaron en un manifiesto sobre las amenazas para conservación de la biodiversidad española que entrañan las especies invasoras y, ante la pasividad del gobierno, cuatro años después, han vuelto a insistir en la necesidad de erradicar estas especies, que provocan en Europa unas pérdidas económicas anuales de 12.000 millones de euros.

Amenaza

 En concreto, Benigno Elvira, experto en peces de la Universidad Complutense de Madrid, advierte ya que “la presencia generalizada de especies exóticas en nuestros ríos y humedales son una de las principales causas por las que el 37% de especies autóctonas de peces están amenazadas”.

De hecho, la trucha arcoíris y la carpa común están incluidas dentro del grupo de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo según el informe publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En la misma rueda de prensa celebrada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), Pablo Vargas, biólogo investigador del CSIC en el Jardín Botánico de Madrid insistía en que “las especies exóticas invasoras no sólo provocan impactos ambientales sino también ocasionan importantes daños económicos y de salud pública. Hay que aprender de países más desarrollados: predicción y prevención”.

A tenor de estos datos, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra solicitan al Ministerio de Medio Ambiente que facilite cuanto antes la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y se coordine con las Comunidades Autónomas para establecer estrategias de control y erradicación de las especies incluidas en el catálogo.