El desgobierno de la pobreza energética

Madrid

Casi cinco millones de personas no pueden calentar su casa en invierno, es el 10% de la población de España. Una situación que ha saltado a la primera plana tras la muerte de una mujer mayor en un incendio en Reus. La señora iluminaba su casa con velas después de que le cortarán la calefacción por impago.

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¿Quién es el responsable? ¿Cómo es posible que en 2016, en España, una décima parte de la población no pueda calentar su casa? ¿Qué falla? ¿No hay políticas estatales, en las comunidades o locales contra la pobreza energética?

Sin medidas a nivel estatal

El 4 de octubre se aprobó en el Congreso una proposición no de ley, pactada por Ciudadanos, PSOE y PP, que plantea al Gobierno que garantice que no se corte el suministro energético a las viviendas con personas enfermas que necesiten equipos eléctricos. Que las empresas tengan que avisar antes de cortar el suministro a cualquier otra familia para que los servicios sociales puedan ver si están en situación vulnerable... Invoca también que se impulsen acuerdos con las empresas energéticas para que no corten el suministro en invierno a los considerados consumidores vulnerables. Y que puedan acceder al bono social eléctrico hogares con bajo nivel de renta.

La novedad es que el PP asume por primera vez la necesidad de hacer frente al problema. Pero el nuevo ministro de Energía, recién llegado al cargo, no ha hecho ninguna declaración de intenciones al respecto. Los aliados del PP en la proposición no de ley dicen que no van a esperar mucho para pedirle cuentas. El PSOE reclamará al gobierno central unos 130 millones de euros en los presupuestos, justo lo que se habría gastado en unas terceras elecciones, nos dice su portavoz Gonzalo Palacín. Ciudadanos no da cifras. Ambos partidos coinciden en que hay que definir el concepto "consumidor vulnerable": quién tiene derecho a recibir ayudas, sobre todo en función de la renta, para conseguir una igualación mínima a nivel estatal...

El complejo mapa autonómico

A falta de una norma estatal que establezca una base homogénea comunidades autónomas y ayuntamientos están aplicando políticas y presupuestos muy dispares a la hora de hacer frente al problema de la pobreza energética. Alguna comunidad autónoma, reconocen sus portavoces, ni siquiera se ha ocupado del asunto, como Murcia. Alguna otra empieza a tramitar normas, como Canarias. Otras ya las tienen, y presupuestos: Andalucía dice que destina seis millones de euros a ayudas para energía y agua. La comunidad de Madrid, un millón para energía... apenas un tercio de lo que dice el Ayuntamiento de Murcia.

La diversidad es enorme. También entre ayuntamientos. Así que varía mucho el presupuesto por habitante para ir en auxilio de los que sufren precariedad a la hora de calentarse o alumbrarse. Varía también la gestión de las ayudas: unas veces se encargan los servicios autonómicos, otras los municipales, Cruz Roja o Cáritas. En general el coste lo asume la administración. Cataluña, en su última norma plantea que las empresas pongan una parte, pero sin concretar. Las energéticas no están por la labor y no está claro cómo se va a resolver la situación.

Casos y testimonios

"En su casa no había luz y la niña leía a la luz de la farola"

<p>Así describe una voluntaria de Cáritas la situación de una familia de San Vicente del Raspeig</p>

Cortan la luz a un matrimonio de pensionistas que no puede pagarla

<p>La empresa no está adherida a ningún convenio que evite estos cortes</p>