¿Debe dimitir el presidente murciano?

Madrid

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declarará el 6 de marzo por el caso Auditorio como investigado, antes imputado. Lo ha anunciado él mismo y lo ha vendido como un caso de colaboración con la justicia. Pero la justicia lo investiga por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Una surtida lista de presuntos delitos en un político salpicado también por la trama Púnica que investiga el juez Velasco.

Sánchez preside el gobierno murciano con el apoyo de Ciudadanos, un partido que a nivel autonómico y nacional tiene firmado un acuerdo con el PP para apartar a todos los cargos públicos imputados por corrupción. En su literalidad, sería difícil eludir la dimisión, pero ya se sabe que los acuerdos están para incumplirse y apostaríamos a que el PP buscará las vueltas a cada palabra para eludirla. Es evidente que una dimisión en esta fase del proceso puede ser injusta si la investigación no acaba en procesamiento o este no acaba en condena. Pero mucho más perversa es la posibilidad contraria: que, no habiendo dimisión, alguien pueda acabar siendo delincuente en sentencia firme pero mientras tanto siga gestionando dinero público.