Soberanía nacional

El hecho de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya sido reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados y que la Cámara haya solicitado el cese del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción es algo muy grave, por mucho que el Partido Popular actúe como si se tratara de un acontecimiento menor.

Mariano Rajoy suele recordar, en ocasiones, que él mismo, como presidente del Gobierno, no puede hacer determinadas cosas, porque están encomendadas a la soberanía popular y que la soberanía popular radica en el Congreso de los Diputados. Es cierto que, según la Constitución, el Congreso no puede obligar a cesar al fiscal general o a un fiscal anticorrupción, pero también lo es que ha sido una mayoría clara de los representantes de la soberanía nacional la que ha determinado que, en su opinión, esos dos elementos básicos del sistema de justicia de en España han incumplido de manera grave y reiterada con sus obligaciones.

Los representantes de la soberanía nacional censuraron también al ministro Catalá por algo especialmente serio: injerencia en causas judiciales. Creer que todo consiste en resistir y esperar a que pase la tormenta, como al parecer aconseja el presidente Rajoy a los tres implicados, es un espejismo. La tormenta no pasa, porque no puede pasar: la credibilidad del presidente y de su Gobierno está bajo mínimos.