Un cupo más transparente

El llamado concierto vasco es un instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias entre la administración central del Estado y la comunidad autónoma del País Vasco. Se encaja dentro de la disposición adicional primera de la Constitución en la se reconocen los derechos históricos de los territorios forales, y en el primer Estatuto de Autonomía del País Vasco, de 1979, donde se dice textualmente que "las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico". Allí se establecía también la figura del cupo, la cantidad total que debe aportar la comunidad vasca al Estado como contribución por las cargas que no asume directamente, por ejemplo, la defensa o el servicio diplomático, y como parte del Fondo de Compensación Interterritorial.

Es decir, la figura del Concierto económico con el País Vasco está sólidamente asentada jurídicamente y ofrece poco margen a la discusión, salvo que se modificara la Constitución. Lo que sí es objeto de debate es el cupo, esa cantidad global que se negocia cada un cierto tiempo. Esta semana precisamente se aprobara en el Congreso de los Diputados la nueva metodología para calcular esa cifra durante el quinquenio 2017-2021. La idea del gobierno es que se plantee en lectura única, es decir que se apruebe en el pleno del jueves, sin pasar primero por ponencia ni por comisión, lo que indudablemente reduce mucho el tipo de enmiendas que se puede presentar y la duración de los debates. 

El momento es seguramente inoportuno para el gobierno de Mariano Rajoy, que depende del PNV para sacar adelante sus presupuestos y que no quiere abrir ningún frente con el nacionalismo vasco, pero aun así es difícil comprender que un asunto tan delicado pase por el parlamento con tan poco debate y con tal velocidad. El cupo debería negociarse de manera mucho más transparente.