Las pensiones, el futuro de todos

Las pensiones son la garantía de futuro de todos. En 2011, sonaron las alarmas en el sistema público de pensiones.Ese año, por culpa de la crisis, empezó a gastar más de lo que ingresaba. Desde entonces mucho se ha hablado sobre la sostenibilidad del sistema. Este martes, en la Cadena SER vamos a intentar explicar de la forma más pedagógica posible un asunto tan complejo como este pero invirtiendo la mirada. En lugar de plantearnos si el sistema es sostenible o no, vamos a plantearnos qué hay que hacer para que el sistema público de pensiones sea sostenible. Y, como en tantas otras cosas de la vida, todo es cuestión de voluntad, de voluntad política en este caso. Para poder garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones hay que explicar primero cómo funciona y determinar qué problemas tiene y qué posibles soluciones hay. El sistema público de pensiones, actualmente, se financia a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores que se utilizan para pagar las 14 pagas de los ocho millones setecientos mil pensionistas que hay a día de hoy. Esas cotizaciones se desplomaron con la crisis mientras en paralelo aumentó notablemente el número de pensionistas. Aquello fue una tormenta perfecta para el sistema. En 2011 el sistema público de pensiones empezó a gastar más de lo que ingresaba, pero los problemas comenzaron antes. Entre 2008 y 2013, según el propio Gobierno, la recaudación por cotizaciones sociales cayó en 10.000 millones de euros por la destrucción de casi cuatro millones de empleos. En ese mismo periodo, el número de pensiones que había que pagar aumentó en 700.000, pasó de casi ocho millones y medio a cerca de 9,2. Dicho de otra forma, mientras la recaudación de las cotizaciones sociales caía en 10.000 millones, el gasto en pensiones aumentaba en 22.000. 10.000 millones menos de ingresos y 22.000 millones más de gastos. Y esto en sólo cinco años. Eso, evidentemente, no hay sistema que lo aguante. Para afrontar aquella situación el Gobierno tuvo que acudir al fondo de reserva, a la conocida como hucha de las pensiones, una hucha que se creó en 1995 y que en 2011 llegó a tener 66.000 millones de euros, que nos parecía mucho, pero que en realidad no era tanto. Desde aquel año, 2011, el Gobierno de Rajoy se ha gastado casi toda la hucha. Ahora quedan 8.000 millones de euros, que no dan ni para un mes de pensiones. A día de hoy el sistema sigue en déficit. De hecho, para este año 2018 se prevé un gasto de unos 125.000 millones de euros en pensiones y unos ingresos a través de las cotizaciones de los trabajadores de 110.000, es decir, faltan 15.000 millones de euros. ¿Qué puede suceder? Nada, el pago de las pensiones está garantizado porque el Gobierno va a pedir un crédito para compensar ese agujero. En realidad es una cuestión de prioridades. Si la hucha de las pensiones se acaba, habrá que sacar el dinero de otra parte. Pero el problema es la evolución que se prevé de nuestra población. Es decir, cada vez vivimos más, cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más población jubilada en relación al número de población que está trabajando y la combinación es diabólica para el sistema público de pensiones si no se hace nada. De hecho, actualmente hay 2,24 trabajadores cotizando por cada jubilado frente a los 2,7 que había hace una década. El profesor Ignacio Zubiri dibujó en el Congreso el escenario al que vamos. Explicó cómo vamos a pasar de los cerca de nueve millones de pensionistas de la actualidad a quince millones en 2050 mientras el sistema prevé que se destine el mismo porcentaje de PIB a pensiones. ¿Cómo se come eso? Pues como están pensando, con pensiones más bajas. Esta situación va a acabar con uno de los grandes logros del sistema de pensiones español, que ha sido mantener una de las tasas de pobreza más bajas de Europa. No hay más que ver como los jubilados con sus pensiones han sido el gran sostén de muchas familias durante la crisis. La pregunta, entonces, es si el crecimiento económico del país no es suficiente para revertir la situación. Sobre esto hay opiniones diferentes. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, decía la semana pasada que el empleo lo puede arreglar todo. El problema viene con el tipo de empleo que se ha creado. Algunos expertos, como el profesor Santos Ruesga, han señalado a la reforma laboral del PP que en su opinión ha precarizado el empleo, y por ende también las cotizaciones. Entonces, a corto plazo... ¿Qué necesitaríamos para salvar el sistema a través del empleo? El profesor Zubiri asegura que habría que crear un millón y medio de empleos antes de agotar el fondo de reserva. Empleos de cierta calidad que tenga una cotización igual al promedio de los asistentes. En resumen, que el empleo por sí solo no va a salvar el sistema público de pensionesm al menos, no tal y como están las cosas ahora. Con estos mimbres, el sistema público de pensiones ha sufrido dos modificaciones en los últimos años. Una en 2011 con Zapatero aún en el Gobierno y otra en 2013, ya con Rajoy en La Moncloa. En 2011, el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones incumpliendo el compromiso de subir el IPC aunque elevó las mínimas un uno por ciento y reformó el sistema de pensiones para aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años algo que, según los expertos tiene lógica a tenor de la esperanza de vida. De hecho, buena parte de los países de nuestro entorno han hecho lo mismo. Y en 2013 llegó el cambio impulsado por el Gobierno del PP, que básicamente introdujo dos novedades. Primero cambió la forma de revalorizar las pensiones. Se pasó de subir anualmente el IPC a subir un 0,25% mientras el sistema en déficit que visto lo visto, es algo que va para años. El Gobierno presume de que, gracias a esta reforma, los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo, como dijo hace un mes la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno, entonces, hizo el cálculo del IPC que le venía bien y decía que como mucho, desde el inicio de la crisis, los pensionistas han perdido una décima de poder adquisitivo. El sindicato Comisiones Obreras reveló que, con el cálculo del IPC que se había hecho toda la vida, los pensionistas han perdido desde 2012 entre el 0,9 y el 1,8 por ciento. Pero volviendo a la reforma de 2013, la segunda gran novedad fue la introducción del conocido como «factor de sostenibilidad». Se aplicará a partir del año que viene, en 2019, e implica tener en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilados. Los futuros pensionistas vivirán más años, sus derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante más tiempo, por tanto, aunque de manera global recibirán una cantidad equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más tiempo. Por poner un ejemplo. Un trabajador que se jubilara este año y cobrara una pensión de 1.000 euros; si lo hiciera en 2019 cobraría 995. ¿La solución inevitable es bajar las pensiones para garantizar la viabilidad? El profesor Ignacio Zubiri ya dijo en el Congreso en 2016 que no sería justo que eso pasara y si seguimos con el sistema actual, sin cambiar nada, la bajada ya hemos contado que será notable. Del gran menú de posibilidades para reformar el sistema de pensiones que han utilizado los países de nuestro entorno, España se ha servido de casi todas. Porque varios países han optado por elevar la edad de referencia de la jubilación (la mitad de los países de la OCDE), y España también lo ha hecho: de los 65 años de 2012 a los 67 a los que llegaremos en 2027 (y en esa fecha, hay que revisar y ver si conviene retrasar de nuevo la edad de jubilación). Otra estrategia, el uso de mecanismos automáticos de actualización de los parámetros del sistema, también se han incorporado aquí en España. Es el caso del - ahora cuestionado- IRP, el Índice de Revalorización de las Pensiones, que sustituyó lo de elevar las pensiones cada año lo mismo que los precios por una fórmula matemática que da un porcentaje que permite mantener la sostenibilidad del sistema. Esa fórmula da un 0,25 por ciento de subida mientras el sistema esté en déficit, y ese 0,25 es lo que han ido subiendo las pensiones año a año desde 2013, desde que se adoptó esa ley. El otro mecanismo automático entrará en vigor el año que viene: es el factor de sostenibilidad, que minorará la pensión inicial de los nuevos pensionistas en proporción a la elevación de la esperanza de vida. Otra medida, esta vez orientada a hacer frente a la cuestión de la longevidad: fomentar la extensión de la vida laboral más allá de la edad de jubilación prevista con las reglas anteriores. A esto obedecen las provisiones legales que limitan la posibilidad de jubilarse anticipadamente y los mecanismos de compatibilización de salario y pensión, que han avanzado en los últimos años. Y una vez hecho todo esto ¿qué queda? ¿De qué se está oyendo hablar en estos momentos entre las organizaciones internacionales como nueva receta? Pues en los últimos tiempos el que haya estado pendiente habrá oído hablar con insistencia de las «cuentas nocionales»; un sistema que han adoptado países como Italia, Noruega, Polonia y Suecia. Sigue siendo un sistema de reparto (las prestaciones de los pensionistas actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales), pero es distinto en que se abre para cada persona una cuenta individual, en la que se mide con precisión cuánto aporta, para luego dárselo en forma de renta vitalicia relacionada con la esperanza de vida. Dicen los partidarios que aporta más transparencia y que es más justo, si por justo se entiende dar a cada cual según se ha aportado; pero no arreglaría por ejemplo los problemas actuales del sistema, como aseguró dice el propio gobernador del Banco de España, y desvirtúa el sistema actual, basado en la solidaridad y el pacto entre generaciones. Todos estos mecanismos y propuestas tienen mucho que ver con la contención del gasto, pero ¿qué pasa con la otra cara, los ingresos ¿Qué propuestas hay? Las experiencias fuera de España son fundamentalmente las de los dos grandes países de la Unión, como nos cuenta el ex director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaborador del instituto Max Planck Fidel Ferreras: O un impuesto especial, o tirar directamente de los presupuestos del Estado. Frente a estas recetas internacionales, las que se han puesto en España sobre la mesa son impuestos especiales sobre los bancos para financiar el sistema de pensiones, y medidas como sacar del sistema algunas prestaciones (como las de viudedad y orfandad) y que se financien por los presupuestos del Estado, una medida que cada vez tiene menos partidarios. Hay un consenso general en que hay que eliminar las subvenciones a la contratación con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social; no lo hay en torno a la conveniencia de subir las cotizaciones sociales, porque para muchos expertos ya son altas y si se suben más pueden dañar al empleo. Y es que el empleo es otra de las claves, como apuntaba Miguel Ángel: o se crean muchos más, o son mucho mejores, algo para lo que haría falta una acción política muy decidida.