Hay que tratar a todos por igual

Barcelona

El Tribunal de Cuentas acaba de condenar a Artur Mas y a nueve colaboradores suyos a devolver, con intereses, 4,9 millones de euros. Motivo: procedían del presupuesto de la Generalitat y se destinaron a la consulta o referéndum oficioso del 9-N de 2014.

Las defensas profesionales ya harán su trabajo. Y alegarán sobre todo que la Justicia penal no halló malversación de caudales públicos, entre otros argumentos.

Otra defensa, la política, se ha puesto campanuda. El sucesor de Mas (y de Carles Puigdemont) en la Generalitat, Quim Torra habla del “espíritu de venganza del Estado”. Mucho dicterio, poco razonamiento.

En términos generales muchos (y no solo los interesados) pueden preferir las sanciones pecuniarias a las de privación de libertad. La inhabilitación (que es a lo que el tribunal penal condenó a Mas), a la cárcel.

Pero el Tribunal de Cuentas, que es un órgano administrativo y no judicial, contra lo que su nombre sugiere, debería hacer siempre como los buenos jueces: aplicar la ley a todos por igual.

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No es el caso. No ha puesto ningún reparo a la pérdida de dinero público a través de los vasos comunicantes entre el Partido Popular y la red Gürtel. Y echó tierra sobre los 3,5 millones de los convenios suscritos por la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin.

O todos, o ninguno.