Carlos Bravo (CCOO): "Si el Gobierno no actúa miles de trabajadores despedidos por la crisis verán reducida su pensión"
El 1 de enero de 2019 se empiezan a aplicar la reforma de las pensiones a los trabajadores despedidos antes de 2013
Entre 15.000 y 20.000 personas pueden dejar de cobrar indemnización sin tener derecho aún a jubilarse pese a que al aceptar el ERE la ley les permita hacerlo
Imagen de una manifestación convocado por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones para reclamar la mejora de las pensiones, el mantenimiento del sistema público y la pensión mínima de 1.080 euros al mes. / Eduardo Oyana (EFE)
Madrid
El 1 de enero de 2019 entrará en vigor una parte de la reforma de las pensiones que afecta directamente a miles de trabajadores que fueron despedidos de sus empresas en plena crisis económica. Los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo firmado antes de 2013 o los trabajadores despedidos antes de 2011 tendrán que cumplir los mismos requisitos que cualquier otro trabajador para tener derecho a cobrar una pensión, algo que puede dejar a muchos de ellos sin ingresos o con una nómina mensual menor de lo que habían calculado.
El problema surgió en 2011 cuando el gobierno de Zapatero endureció algunos criterios para acceder a la jubilación. Para que esos cambios no afectaran a las personas que en ese momento sufrían la crisis, se aprobó una cláusula que garantizaba a esas personas jubilarse con las normas anteriores. Pero dos años después, en 2013, el gobierno de Rajoy puso fecha de caducidad a esa opción: el 1 de enero de 2019.
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En la práctica, a partir del próximo año, las personas que fueron despedidas antes de 2011 que no hayan vuelto a encontrar trabajo o los afectados por un ERE pactado antes de 2013 tendrán que cumplir los mismos requisitos que el resto de trabajadores para jubilarse. Muchos de ellos pactaron con sus empresas seguir cobrando una indemnización hasta llegar a la edad de jubilación, pero como esta ha cambiado ahora se quedarán sin ese dinero y sin tener derecho aún a la pensión. Otros muchos verán reducida la cuantía de su pensión porque tendrán que jubilarse antes de lo previsto y, por lo tanto, se les aplicará la penalización por jubilación temprana, que se endureció precisamente en 2013.
"Hay personas que estarán uno o dos años sin recursos y sin poder acceder a la pensión y a otros se les reducirá la pensión que habían previsto al acceder al ERE", explica Carlos Bravo, responsable de protección social de Comisiones Obreras, que asegura haber avisado desde hace meses al gobierno. "Nos dicen que lo están estudiando pero quedan dos consejos de ministros", añade.
Carlos Bravo (CCOO): "Pedimos al Gobierno que permita a los afectados por ERE durante la crisis decidir sobre a qué normas de jubilación se acogen"
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"Podemos estar hablando de entre 15.000 y 20.000 personas afectadas por un ERE que se encuentran en esta situación", explica Bravo. Cifra a la que hay que sumar los miles de despedidos de manera individual sobre los que el sindicato no tiene cifras. A ellos, Bravo les recomienda "anticipar la edad de jubilación lo máximo posible para que los efectos sean menores aunque verán reducida su pensión" y para los casos más graves "no les quedará otra que esperar a cumplir los nuevos requisitos y estar unos meses sin ingresos". Para evitarlo pide al gobierno que permita a estos afectados decidir "si se acogen a las normas nuevas o a las antiguas" ya que, en función de su edad y de su vida laboral a cada trabajador le puede beneficiar más una u otra
