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La comunidad educativa reclama al Gobierno más inversión pública

Preguntamos a alumnos, profesionales de la Universidad Pública y profesores de FP qué medidas esperan del nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril.

28A - El sindicato ANPE considera "ineludible" que los partidos afronten el futuro del profesorado tras las elecciones. /

Ángel y Pablo son estudiantes universitarios en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Según ellos, hay algunas medidas urgentes que un nuevo Gobierno debería tomar en materia de educación y universidades. Ángel revisaría el sistema de becas, "para los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas". Cree que esas becas deberían ser más y garantizar el acceso. Pablo habla también de recursos, que el Gobierno priorice la educación universitaria pública frente a la privada.

Gema, otra estudiante de la Rey Juan Carlos, cree que luchar contra la violencia machista desde la escuela es una prioridad. "Que fomenten la Educación en igualdad de género, por ejemplo creando una asignatura que enseñe a los hombres a tratar a las mujeres con respeto".

Los problemas de la Universidad pública española pasan, además, por cuestiones de índole económica. Por ejemplo, el sueldo que cobran los profesores asociados, que en ocasiones no supera los 600 euros. Entrevistamos al nuevo rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, recién incorporado a su cargo tras las elecciones del 3 de abril. Goyache apuesta por que se mantenga el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, separado de Educación. Además, cree que es urgente una nueva Ley de Universidades, que aporte estabilidad. "Debería incluir muchísimas cosas; cuestiones de becas, repasar la gobernabilidad y la gobernanza de las Universidades, fomentar mucho la participación de los estudiantes, y profundizar en las labores de investigación de la Universidad, que son esenciales".

Otras etapas educativas

Las reivindicaciones para el nuevo Gobierno que salga de las urnas no se quedan en la Universidad. Este pasado jueves 11 de abril, la Asociación de Profesores de Formación Profesional se reunió con la Dirección de FP del Ministerio de Educación para discutir la estrategia a seguir de cara a la equiparación profesional de estos docentes con los de Educación Secundaria. Su presidente, Pepe Reina, pide "valoración de la FP, valoración de las enseñanzas que hace, pero además poder gestionar desde los puestos de dirección de área los diseños de los currículums, porque al final los profesores técnicos de FP no pueden acceder a esos puestos, y se pierde su visión sobre lo que deberían ser estas enseñanzas".

El problema es que estos profesores técnicos son funcionarios del grupo A2, frente a los de Educación Secundaria, que son funcionarios del grupo A1, y eso les impide acceder a los puestos de técnico superior del nivel 26 en las administraciones educativas, desde donde se legisla la FP y se diseñan los ciclos formativos de formación profesional. Todo, según Pepe Reina, a pesar de que las exigencias para llegar a ser profesor de FP, de grado y máster, son las mismas que en el caso de los profesores de Secundaria.

"Hay que prestigiar los titulos de FP, la FP pública de educación tiene que seguir siendo referente frente a la tendencia de absoluta privatización". Pepe Reina cree que algunas escuelas de formación profesional de gestión privada se están convirtiendo en un negocio, y eso no ayuda al prestigio de la formación profesional. Tampoco el hecho de que a los alumnos se les oriente a elegir otro tipo de educación superior. "Si no se valora la FP desde las enseñanzas básicas, desde los medios de comunicación, etc. es muy difícil que las personas quieran hacer estos estudios. Se les debe dar visibilidad y prestigio".

Mareas verdes

Otros colectivos, como las mareas verdes, siguen pidiendo reformas como la eliminación de las reválidas impuestas en la LOMCE a los alumnos de diversos cursos de Educación Primaria y de cuarto de Secundaria. Sandra Villa, portavoz de la Asamblea de la Marea Verde madrileña, dice que a pesar de la Ley Celáa, aprobada antes del final de esta legislatura, las reválidas se siguen celebrando, al menos en la Comunidad de Madrid. "Si hubiera salido un real decreto que hubiera dicho que este año no había que hacer las revalidas, no se hubieran hecho, pero los datos están ahí. Es verdad que ellos mismos dicen que no tienen valor académico, pero esos datos están".

Además, desde las Mareas, Sandra Villa cuenta que reclaman al próximo Gobierno una inversión que alcance el 7 por ciento del Producto Interior Bruto, además de una educación laica. La nueva Ley Celáa incluye entre sus medidas que la religión deje de ser de oferta obligatoria en Bachillerato, y que no compute en la nota media del currículum del alumno, entre otras medidas. El texto no ha llegado a prosperar en el Congreso, por falta de tiempo antes de la convocatoria de Elecciones.

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