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El mapa de los vertederos en España

En España hay medio centenar de plantas dedicadas a las gestión de residuos industriales y peligrosos, entre cinco y diez de ellas con vertedero.

Un mapa de la administración central, con datos de 2018, recogía 182 vertederos de residuos sólidos urbanos en nuestro país.

La mayor concentración se da en dos núcleos: Euskadi, Navarra y norte de Aragón, y Cataluña.

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Madrid

En España hay medio centenar de plantas dedicadas a las gestión de residuos industriales y peligrosos, según explican a la Cadena SER desde la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE). De ellas, entre cinco y diez utilizan el vertedero, un sistema usado sobre todo para la gestión de residuos sólidos urbanos. Sobre este tipo, un mapa de la administración central, con datos de 2018, recogía 182 vertederos controlados en nuestro país. Son espacios donde los "residuos sólidos no aprovechables se depositan en capas intentando reducir al máximo los inconvenientes para la seguridad y la salud pública", según el texto que acompaña al mapa.

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La mayor concentración de estas instalaciones se encuentra en dos grandes núcleos que agrupan una treintena de vertederos cada uno, cerca de un tercio del total: País Vasco, Navarra y norte de Aragón, y Cataluña. Luego hay comunidades con una densidad media, que rondan la veintena de abocadores repartidos por sus grandes territorios, como Castilla y León, Andalucía y Comunitat Valenciana.

Los vecinos y ecologistas de Murcia, Nerva, Comunidad Valenciana y Navarra, contra estos vertederos

En Murcia hubo un derrumbe y un incendio hace quince años que podría repetirse. Según los ecologistas está lleno. Ecologistas lleva años diciendo que se depositan residuos no urbanos en zonas no aptas, aunque el Gobierno regional niega que haya riesgo de colmatación.

En Nerva (Huelva) los ecologistas y vecinos piden el cierre del vertedero que ha recibido residuos peligrosos incluso de Italia. El último incendio fue el año pasado, lo que provocó que Ecologistas en acción a solicitar la clausura.

Los vecinos denuncian malos olores, pero la plataforma que se constituyó en su día carece de actividad. La capacidad autorizada son más de 7 millones de metros cúbicos y aún quedan unos dos millones por utilizar, por lo que la vida de útil será de 12-20 años, dependiendo de la actividad industrial.

En la Comunidad Valenciana, tres municipios, Villena, Novelda y Pedralba, coinciden en sus quejas contra los vertederos industriales privados que tienen a sus puertas. Los vecinos se quejan de que muchos residuos urbanos acaban también en estos vertederos porque los públicos están llenos.

Los vecinos han logrado que la Generalitat controle los residuos que entran, pero las quejas por malos olores eran constantes y en los tres casos, las plantas cuentan con licencia.

Por su parte, en Navarra, 40.000 toneladas de residuos industriales no tienen un destino del todo claro. 

Actividad regulada por una directiva europea

La actividad de los vertederos está regulada por una directiva europea de 2008 que el Gobierno central introdujo en la normativa española mediante un Real Decreto, y que aplican las comunidades autónomas, que son las que conceden las autorizaciones y supervisan la gestión de los residuos. Esta directiva europea se modificó en 2018, unos cambios que todavía están pendientes de ser incorporados a la legislación española. Por lo tanto, para poner en marcha un vertedero hay que presentar un proyecto a la administración autonómica correspondiente, y a partir de aquí comienza un proceso que suele tardar unos cinco años de tramitación, incluyendo la construcción de las instalaciones.

Además de la normativa europea, en España un Real Decreto obliga a trazar el recorrido que sigue un residuo desde que se genera hasta que se trata y se deposita después en el vertedero.

1.513 vertederos ilegales

A pesar de las regulaciones, el problema de los vertederos ilegales persiste. Según un dictamen de la Comisión Europea de 2018, en España había 1.513 vertederos sin licencia. De hecho, nuestro país lleva tres años siendo el más multado por la Justicia europea por tener este tipo de instalaciones irregulares en su territorio.

 
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