Las claves de la privatización del servicio de rastreadores de Madrid

En las primeras semanas de la pandemia, cuando la situación estaba descontrolada, España en estado de alarma y la sanidad bajo el mano único del gobierno central, el gobierno de la Comunidad de Madrid fue de las comunidades más críticas con la gestión centralizada del ministerio de Sanidad. Por aquel entonces, cuando se empezó a planificar ya cómo sería la vida post confinamiento, todos los expertos advirtieron de que habría que contratar a rastreadores a mansalva para atacar a tiempo los posibles rebrotes y que no se volviera a repetir lo que acababa de pasar. La Comunidad de Madrid insistía en ir rápido en la desescalada. Sanidad le frenaba porque consideraba que el gobierno autonómico no se había dotado de medios sanitarios suficientes para gestionar una hipotética segunda ola. Madrid prometía que contrataría personal suficiente para la atención primaria y los rastreos. Pasaron las semanas, Madrid recuperó la gestión total de las competencias sanitarias pero ahí ya perdió la prisa por contratar a los rastreadores que había prometido. Tener rastreadores es fundamental para contener los brotes. Un rastreador busca a los contactos con los que haya podido estar cada persona contagiada, y avisa a esos contactos -preferiblemente cuando todavía son asintomáticos- para que se confinen antes de seguir contagiando a más gente. La semana pasada, cuando ya se vio que la situación en Madrid empezaba a irse de las manos, que el número de contagios se había multiplicado por 14 respecto al mes anterior, el gobierno regional reconoció que tiene sólo 400 rastreadores. Para hacernos una idea, los estándares internacionales y según la Sociedad Madrileña de Medicina Comunitaria, Madrid tendría que tener entorno a 1.000 rastreadores. La semana pasada ya enseñaron la patita intentado suplir esa falta de rastreadores profesionales a base de voluntarios. Universitarios y recién licenciados que se prestaran a ejercer improvisadamente de rastreadores por la cara, sin cobrar. Mientras unos y otros estábamos debatiendo sobre voluntarios sí o voluntarios no hubo un dato que demostró el agujero que tiene la Comunidad de Madrid a la hora de localizar contagios. Mientras en el resto de España el 50% de los contagios que se detectan son asintomáticos, el propio gobierno regional publicó un informe la semana pasada reconociendo que en Madrid la tasa de asintomáticos que se detecta es sólo del 7%. Esto, obviamente, no es porque en Madrid haya menos asintomáticos sino porque se rastrean menos. El dato ese de que Madrid solo detectaba el 7% asintomáticos, era de un informe oficial del gobierno de Díaz Ayuso, no era ninguna conspiración judeomasónica contra ellos. Era un dato oficial de su propio gobierno. Fernando Simón dijo el jueves: esto me preocupa, tenemos que analizar qué está fallando en Madrid para que detecten solo un 7% de asintomáticos. Así que el consejero de Sanidad de Madrid decía de repente que, en Madrid, de todos los contagios que se detectan, el 60% es asintomático. ¿Y cómo solucionaron esta contradicción? Pues cambiaron el informe. Borraron el párrafo del informe para que éste no contradijera al consejero. Hoy hemos sabido que para paliar esa falta de rastreadores, el Gobierno de Díaz Ayuso ha decidido privatizar el servicio. Y además, a dedo. Sin publicidad, sin concurso público, sin nada. La Comunidad de Madrid le ha adjudicado 194.000 euros públicos al grupo Quirón, que es uno de los grandes actores de la sanidad privada. 194.000 euros públicos a cambio de 22 rastreadores durante tres meses. Ayuso y Aguado, PP y Ciudadanos, sabían desde hace cuatro meses que necesitaban rastreadores, pero ahora tienen que privatizar el servicio por procedimiento de urgencia. Lo hemos conocido hoy, pero esto se firmó el viernes pasado, cuando el consejero estaba polemizando en público con Fernando Simón. ¿Cuál es la explicación lógica para creer que la Comunidad de Madrid no puede reclutar por sí misma los rastreadores necesarios, pero sin embargo una empresa privada como el grupo Quirón sí puede hacerlo? La única explicación salvable sería que el grupo Quirón tuviera en su plantilla ya formados desde hace tiempo a buenísimos rastreadores, y que eso justificara la externalización. Pero es que resulta que rascando, rascando, nos encontramos con que esta empresa privada estaba buscando en internet rastreadores el miércoles pasado. En Infojobs. Tal cual: el mensaje decía «buscamos contar con el mejor, talento, el tuyo. Estamos buscando profesionales para labores de vigilancia epidemiológica y detección de posibles casos para uno de nuestros principales clientes de Madrid». Es decir, que la Comunidad de Madrid no puede formar a su gente ni reclutar personal porque no hay tiempo para formarlos, recurre a una empresa privada con el argumento de que es un proveedor con gran experiencia y resulta que ese proveedor con gran experiencia estaba buscando rastreadores en infojobs hace cinco días. ¿Cómo un gobierno autonómico puede reconocer en un documento oficial del 10 de agosto que es que ya no le da tiempo a formar a su gente como rastreadores? ¿Pero y qué han hecho hasta ahora, qué han hecho en estos cuatro meses? Hace ya semanas que el Colegio de Médicos de Madrid le mandó al gobierno autonómico un listado con los nombres y teléfonos de 1.800 profesionales, sobre todo médicos recién jubilados o profesionales en activo pero sin empleo fijo que podían incorporarse como rastreadores en la administración pública. Pero la Comunidad de Madrid no ha tirado de esa lista. El Colegio de Médicos de Madrid fue actualizando la lista. La mandó hasta tres veces a la Comunidad. Cuando iba a mandar esa tercera versión, se dieron cuenta de que por una cuestión de protección de datos, era mejor enviarla encriptada: porque había nombres particulares, había teléfonos, de modo que encriptaron la lista con una contraseña. A día de hoy, el Coledio de Médicos confirma a la SER que el gobierno de Díaz Ayuso ni siquiera le ha llegado a pedir la contraseña.