Afición demostrada a judicializar la política

Madrid

Anoche supimos que la Fiscalía le pide al Tribunal Supremo que archive todas las querellas presentadas contra diversos miembros del Gobierno por su gestión de la pandemia del COVID-19. Son decenas de denuncias presentadas por VOX y distintas asociaciones en las que se acusa al presidente del Gobierno y a ministros como Salvador Illa o Fernando Grande-Marlaska de homicidio, imprudencia temeraria, prevaricación y otros supuestos delitos que han sido rechazados, finalmente, por la Fiscalía que no ve delito en la gestión.

En este país, donde hay una afición demostrada a la judicialización de la política, el coronavirus no iba a ser menos. Querían los denunciantes sentar en el banquillo al Gobierno por la gestión de una epidemia que ha afectado a todo el planeta y que quien más y quien menos ha gestionado con la imprevisión y el desconocimiento lógico en estas circunstancias. Otra cosa, y en esto insisten los expertos, es que se haga una especie de auditoría profesional sobre cómo se ha sido la gestión, que se ha hecho bien y que no. Y esta evaluación sí debería ser imprescindible, y no precisamente para alcanzar el objetivo que tenían los querellantes sino para saber qué ha fallado y qué no y pensando, sobre todo, en esa segunda ola que esperábamos para octubre y que nos sorprendió en julio y que está arrojando unos datos más que preocupantes. Quizás una evaluación profesional de la gestión de la primera ola nos permitiría ahora estar un poco más tranquilos.

Lo pidió un nutrido grupo de científicos y el Gobierno hizo oídos sordos, y a esta evaluación si debería someterse la gestión del Ejecutivo y no para buscar responsables, sino para averiguar en qué se puede mejorar. El Gobierno debería verlo como una oportunidad.