Sábado, 16 de Enero de 2021

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España ante el Tribunal Supremo por inacción frente al cambio climático

El Gobierno se enfrenta al primer litigio climático en España por una denuncia de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam, que acusan a España de incumplir la normativa internacional y de escasa ambición en sus planes climáticos

España se enfrenta al primer juicio por inacción ante el cambio climático a pesar de tener el primer Gobierno que ha tomado en consideración el clima hasta el punto de crear un Ministerio de Transición Ecológica. Greenpeace, junto con Ecologistas en Acción y Oxfam, interpuso esta denuncia que va a ser investigada por el Tribunal Supremo.

Lorena Ruiz-Huerta, abogada de esa causa, explica que su acusación se basa en que en diciembre de 2019 el Gobierno “debería haber dado cumplimiento a una normativa europea que le obligaba a aprobar dos instrumentos jurídicos: un plan en el que proyectara cuáles son las emisiones de CO2 que va a hacer en la próxima década, de aquí a 2030, y otra estrategia a largo plazo de cuál es el plan para descarbonizar la economía, para tener el 0 neto de emisiones de aquí a 2050”.

Esta última estrategia a largo plazo acaba de ser aprobada, pero el PENIEC (el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) no lo ha hecho. Aprovechando esta denuncia al Gobierno por no cumplir la normativa, las organizaciones exigen al Estado “una mayor ambición” después de haber leído los borradores de esas estrategias y comprobado que “el plan para reducir emisiones es muy escaso y no está alineado con lo que la ciencia recomienda para no superar los 1,5ºC de temperatura”.

Siendo España uno de los países de Europa más vulnerables al cambio climático dada su ubicación, como recuerda la Agencia Europea para el Medio Ambiente, Ruiz-Huerta lamenta que las proyecciones actuales sean insuficientes para garantizar a las generaciones presentes y futuras una vida en condiciones dignas con acceso al agua potable, a una temperatura adecuada y a la agricultura, entre otros.

España se suma a una larga lista de países que se han enfrentado ya a litigios climáticos, entre ellos Francia, Irlanda Alemania y Grecia. Holanda es uno de los pocos en los que ya ha habido una resolución firme del Tribunal Supremo que ha dado la razón a las oenegés.

En esa sentencia histórica quedó establecido que los Gobiernos tienen la obligación de asumir y plasmar en leyes y políticas concretas lo que la mejor ciencia disponible diga, subraya la abogada. “Esa ciencia dice que en el momento en que la Tierra suba su temperatura más de 1,5ºC, los impactos del cambio climático empezarán a ser verdaderamente graves”.

A partir de esos niveles, la vida en el planeta se dificultará enormemente, y si no se reduce “rápida y drásticamente” el nivel de emisiones que tenemos ahora mismo, insiste Lorena Ruiz-Huerta, “vamos de camino a alcanzar entre los 3 y 5º de aumento de la temperatura”.

Además, existen otros resquicios o “trampas”, como el comercio de CO2, que permiten a los Estados eludir su responsabilidad. Esto preocupa a las organizaciones, que exigen a Europa terminar con la normativa que permite esa compraventa de CO2 y que consideran injusto para las economías que todavía necesitan desarrollarse y por lo tanto emitir más gases a la atmósfera que otras.

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