Así planea el Gobierno el reparto de los 140.000 millones de euros de la UE

Madrid

La Cadena SER adelanta el plan de ejecución que el Gobierno ha diseñado para gastar los 140.000 millones de euros de ayudas europeas. Es un Real Decreto-Ley que incluye una auténtica sacudida a la administración pública y que va a permitir al Ejecutivo adelantar hasta el 50% de la financiación que obtengan los proyectos.

Son 79 folios eleborados por el Ministerio de Presidencia que, en primer lugar, remiten de una ventanilla única para solicitar esas ayudas de 140.000 millones de euros y que crean una figura mixta entre Estado y empresas. 

Son los llamados PERTES, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, un matrimonio entre Estado y empresas para desarrollar apuestas a las que las empresas no se arriesgarían en solitario. Ese matrimonio, ese PERTE, tendrá que ser declarado por el Consejo de Ministros y será inscrito en un Registro Estatal.

Las empresas que se 'casen' con el Estado en esos planes tendrán preferencia en el cobro de subvenciones porque se considerará que concurren razones de interés público y preferencia en el cobro de convenios que se cobrarán por adelantado hasta el 90%,

La primer gran novedad es el matrimonio Estado-empresa. Y la segunda: todas las solicitudes se centralizan en una ventanilla única. Un portal web que canalizará demandas a los ministerios correspondientes y que servirá de mostrador de ayuda ("help-desk" dice literalmente el texto) para las personas o entidades interesadas en esas líneas.

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Este es el funcionamiento: alianzas público-privadas, centralizadas en un solo canal y, en términos de dinero, ¿cuánto y cuándo se va a cobrar?

El Gobierno establece un mecanismo que le permitirá adelantar hasta el 50% de los fondos de un proyecto, literalmente, "antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas". Además, el Ejecutivo contempla la posibilidad de otorgar "subvenciones de concurrencia no competitiva", es decir, subvenciones sin concurso por orden de solicitud de subvenciones. Eso en torno al cuánto.

El cuándo es también importante porque el Gobierno acorta todos los plazos administrativos. En el control previo, en los plazos de fiscalización que quedan reducidos a 5 días hábiles "sin que quepa prórroga alguna". También en los plazos de tramitación y licitación que se reducen a la mitad. Y todos estos expedientes, dice la norma, "tienen prioridad sobre cualquier otro contrato".

Éstas son las novedades económicas con una importante clave política: la autorización, ejecución y el seguimiento de todas las ayudas depende, personalmente, del presidente del Gobierno.

Se crean 5 órganos de gobernanza bajo Presidencia del Gobierno. El fundamental es una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la que establece los planes y que preside Pedro Sánchez. Por debajo de ella, un Comité Técnico que le dará soporte. Sánchez tiene una segunda línea de control sobre esas ayudas: la Unidad de Seguimiento del Plan que, según reza el texto, "proporcionará información continua al Presidente del Gobierno".

Y bajo ella dos escalones consultivos más. Uno para coordinar con sectores y otro para coordinar con autonomías y ayuntamientos.

Presidencia del Gobierno tiene pues, doble control sobre los planes. Y detalle anecdótico o no, en esa Comisión que concede las ayudas se sientan 11 ministros: 10 del PSOE (Calviño, Ribera, Montero, Ábalos, Celáa, Maroto, Planas, Duque, Illa y Escrivá) y una de Podemos (Yolanda Díaz, bueno de Esquerda Unida). 10 a 1 es la proporción en cualquier caso.

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