Funcionarios con COVID en tierra de nadie

Federico Martín, profesor de instituto: “Un miércoles por la tarde me siento mal, tengo fiebre y llamo al médico, del cuadro de DKV, que me da cita para el jueves por la mañana. Me examina y me prescribe una PCR para descartar que tenga COVID. Llamo al teléfono de autorizaciones y me piden que les envíe la prescripción por correo electrónico. Escaneo y envío. Un día después, ya estamos a viernes, me contestan que junto con la prescripción debo mandar un informe. Les contesto que el médico no me ha dado ninguno. No me responden hasta el lunes (ya han pasado cinco días). Me dicen que el informe es imprescindible y que vuelva a la clínica para pedirlo. Alucino y respondo. Cómo voy a volver a la clínica siendo sospechoso de COVID, voy a poner en riesgo a los viajeros del transporte público, a la gente de la clínica e incluso al propio médico... e insisto, puesto que es un médico de su cuadro de profesionales, reclamen ustedes el informe porque que la prescripción de la PCR ha sido clara. La respuesta vuelve a ser negativa, si quiero PCR necesito el informe. Al final, después de siete correos electrónicos y seis días con síntomas, desisto. Guardo la cuarentena, cuando podría estar trabajando en caso de no ser positivo, y vuelvo al trabajo sin saber si he tenido o no la enfermedad. Se salieron con la suya y no me hicieron PCR.”

Los funcionarios tienen dos opciones de atención sanitaria, la sanidad pública o las mutuas, que en función del cuerpo son: MUFACE (para la gran mayoría), MUGEJU (justicia) o ISFAS (ejército). Mutuas que conciertan con empresas privadas la atención de sus asegurados. Estos organismos han elaborado un protocolo de actuación frente al COVID que limita la atención únicamente a los usuarios con síntomas y deriva a los contactos estrechos a la sanidad pública. Pueden hacerlo porque la Ley de Cohesión de 2003, que les obliga a garantizar el mismo contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, exceptúa “las actuaciones de vigilancia epidemiológica, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes”.

La realidad es que, entre las aseguradoras, la mutua y la sanidad pública están generando más caos que tranquilidad entre los funcionarios que están acogidos a este sistema. Parece que nadie tiene claras sus obligaciones y los funcionarios se están encontrando con situaciones de desatención y falta de seguimiento de casos positivos. Esto es algo especialmente peligroso porque la posibilidad de contagio al resto de la población es mayor entre estos trabajadores porque, como profesores, policías o funcionarios con atención al público, trabajan en entornos con mucho contacto social.

“Nos hemos encontrado con tres situaciones diferentes”, asegura María del Carmen Espejo, responsable de los mutualistas de CSIF: “la primera es el gran retraso o la falta de realización de las PCR cuando el mutualista o sus beneficiarios presentan síntomas de COVID, la segunda, la negativa a la realización de estas pruebas cuando el asegurad tiene que someterse a alguna intervención quirúrgica, y el tercero de los casos está vinculado con la gestión evaluación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas en los casos de contactos estrechos cuando estos son mutualistas de MUFACE.”

Elena es docente y mutualista de MUFACE: “Recientemente he dado positivo en coronavirus. Tengo tres hijos. Dos de ellos son beneficiarios de la mutualidad conmigo y la pequeña está en el régimen de la Seguridad Social con mi marido. Después de mi positivo nos prescriben confinamiento a toda la familia. Mi marido se pone en contacto con el médico de cabecera de su centro de salud y tanto a él como a mi hija pequeña les hacen una PCR, que sale negativa. Se quedan en casa, en cuarentena, pero no necesitan estar confinados en una habitación lo que nos facilita la vida. Yo pido a mi compañía que realice la prueba a mis otros dos hijos, beneficiarios de la mutua, y me dicen que no, porque como no tienen síntomas es suficiente con que cumplan la cuarentena. Tampoco me explican que, en estos casos, es la sanidad pública la que se debe encargar".

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"Decido mentir, mejor dicho, me obligan a mentir y les digo que mis dos hijos tienen sintomatología. Entonces sí les hacen la prueba de antígenos y uno de ellos da positivo. Nadie controla, nadie nos llama para hacer un seguimiento de contactos, no hay rastreo en una casa con dos positivos confirmados, una profesora y una estudiante, que están en contacto directo con muchas otras personas en el entorno escolar y social", añade.

Carlos Arranz, funcionario en el Ministerio de Trabajo. Empezó a encontrarse mal un viernes, el mismo día que los rastreadores de salud pública de su comunidad le llamaron para decirle que su fisioterapeuta, que le había atendido tres días antes, era positivo en COVID y que, por tanto, él era contacto estrecho. “Me dijeron que era la compañía que me atiende a través de MUFACE, la que debía realizarme una PCR. Les llamé ese mismo viernes. Me pidieron un informe de medicina general y me dijeron que no fuera al hospital (salvo que me empezase ahogar), y que me quedara confinado en casa hasta que me pudieran autorizar la PCR. Ese mismo viernes fui a la consulta. Ya tenía febrícula, tos, dolor de cabeza y malestar general. El doctor me prescribió la prueba, pero, como era puente, la compañía no se puso en contacto conmigo hasta el miércoles, cuando ya habían pasado cinco días desde el inicio de síntomas. Me dijeron que eligiera clínica para validar la autorización. Les pedí que me mandaran las opciones que tenía. La respuesta llegó al día siguiente (jueves) y aunque respondí rápidamente no me respondieron hasta el viernes. Y llegó la sorpresa: la PCR ya no tiene sentido porque ya es usted asintomático.

María del Carmen Espejo, responsable de los mutualistas de CSIF insiste en que hay que buscar una solución lo antes posible “porque no podemos permitir que ninguna profesora, ningún maestro, ningún policía o ningún compañero que preste atención al público en la administración deje de hacerlo porque está a la espera de la realización de un PCR. La solución pasa por una mayor colaboración entre las instituciones y los organismos responsables de la atención médica de los mutualistas. En una situación de crisis como esta, la administración debería contemplar la posibilidad de que ceder más competencias y una mayor posibilidad acción a la Mutualidad para agilizar la resolución de problemas con los que nos estamos encontrando”

Desde MUFACE, organismo que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, reconocen que sí se han podido producir situaciones irregulares en algunos casos durante la primera ola de la pandemia, pero que ahora se realiza un seguimiento de las entidades colaboradoras a las que, se insiste, para que la realización de las PCR sea preferiblemente en las primeras 24h desde el inicio de los síntomas.

Sobre las denegaciones de PCR previas a cirugías “al principio hubo incidencias que se han ido corrigiendo a medida que han pasado los meses. Las denegaciones, denunciadas por los usuarios en las Comisiones Mixtas Nacionales y Provinciales han sido estimadas a favor del mutualista, de forma que las entidades deben financiar las pruebas.” Respecto al seguimiento de los contactos, MUFACE, recuerda que, según el protocolo de actuación, los médicos concertados que atienden los casos confirmados de coronavirus están obligados a interrogar sobre los contactos estrechos y remitir esta información a Salud Pública de la correspondiente CCAA.