La acusación particular pide el inicio del proceso de extradición de los arrestados por torturas en Argentina
Madrid
En nombre de todas las acusaciones, el abogado Manuel Ollé, que representa a las Madres de Plaza de Mayo, presentó 26 escritos en los que pide al juez que proponga al Gobierno que solicite a las autoridades argentinas "la extradición activa" de los 25 militares y el civil arrestados en el país suramericano entre el 24 y el 26 de julio pasados.
Las acusaciones de la causa que sigue el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por crímenes contra la Humanidad durante la dictadura en Argentina presentaron hoy en el Juzgado la petición de entrega de los 26 presuntos represores cuya detención ha sido ya comunicada por las autoridades de ese país.
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En los escritos se pide asimismo que, mediante una comisión rogatoria, se solicite a la Justicia argentina que haga efectivo el embargo de bienes por valor de 2.648.305.000 euros acordado por el juez Garzón en relación con los procesados.
La acusación pretende que el juez federal argentino Rodolfo Canicoba, que ordenó la detención de los 46 militares procesados por Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, imponga fianzas por dicho importe "o, en su defecto, para el caso de que no sea constituida en el plazo de diez días, se decrete el embargo de bienes bastantes hasta cubrir" la citada cantidad.
La extradición de los detenidos se solicita, según los escritos presentados hoy, al entender que se cumplen los requisitos que fija el tratado de extradición entre España y Argentina, que exige que el reclamado esté procesado y se haya decretado su prisión y que los delitos de los que se le acusa no sean políticos y estén incluidos en los convenios multilaterales firmados por ambos Estados.
En declaraciones a los periodistas después de presentar los escritos, el abogado Ollé se mostró convencido de que el Gobierno español accederá a tramitar las extradiciones si así se lo pide el juez Baltasar Garzón, y dijo que "la única misión del Ejecutivo en
esta cuestión es de mero mensajero".
"Oponerse a pedir las extradiciones supondría una intromisión ilegítima del poder político en el poder judicial", añadió Ollé, quien señaló que si se cumplen todos los trámites los primeros detenidos podrían llegar a España en un plazo mínimo de seis meses y máximo de un año.
Por otra parte, fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional informaron hoy de que la Fiscalía presentará mañana en el Juzgado un escrito en el que, en respuesta a la petición de informe cursada por el juez, se opondrá nuevamente a la extradición de los militares detenidos.
La lista de las 26 personas cuya detención ha sido ya comunicada por Argentina está encabezada por el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil entre los reclamados, y en ella figuran también el miembro de la Policía Aeronaútica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse al saber que se había ordenado su arresto.
También fue reclamada hoy la entrega de Jorge Isaac Anaya, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías Basterreix, Jorge Perrén y Pablo García Velazco,
Cierran la lista Omar Domingo Rubens, Hector Mario Schwab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmermann, Augusto Neme, Luciano Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera Rovere y Roberto Heriberto Albornoz.
