El Gobierno filipino renuncia el ultimátum para negociar con los golpistas

El Gobierno filipino extendió de forma indefinida su ultimátum dado a los 200 militares sublevados en Manila para negociar y encontrar una solución pacífica a la crisis.

El ultimátum expiraba a las 19.00 hora local (13.00 hora española), pero las autoridades decidieron extenderlo en el último momento para evitar un baño de sangre. Esta decisión fue anunciada por el senador Gregorio Honasan, uno de los negociadores y quien en un primer momento estuvo en el punto de mira de las autoridades que le acusaron de estar detrás de la asonada militar.

Los rebeldes ya se habían tomado la primera ampliación como una victoria anticipada de su causa, según el teniente Antonio Trillanes, el jefe de los alzados. Los insurrectos acusan a la Administración de Macapagal Arroyo de corrupción, de orquestar los atentados de la ciudad de Davao de este año, que causaron dos muertos, y de vender armamento a los grupos en armas contra el Gobierno.

Macapagal Arroyo primero dio un ultimátum a los rebeldes para entregarse y volver a los cuarteles y después declaró el "estado de rebelión", para poder someterlos por la fuerza si era necesario. Sin embargo, cuando vencía el plazo, los que apuestan por el diálogo han conseguido dos horas más para evitar un derramamiento de sangre.

NEGOCIADORES

Por otro lado, el Gobierno de Manila ha nombrado al ex jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el general Roy Cimatu, como negociador oficial en las conversaciones con los soldados renegados.

Del total de soldados amotinados, un total de 17 se han rendido a las autoridades y el resto permanecen en el interior del edificio "Oakwood" a la espera de que el Gobierno escuche sus demandas. Los militares exigen la dimisión de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo y de algunos de sus ministros, a quienes acusan de corrupción.