El recurso al plan Ibarretxe se basará en informes del lehendakari

El Gobierno presentará la próxima semana el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Plan Ibarretxe por fraude de ley, según ha anunciado hoy el ministro de Justicia. José María Michavila ha anunciado que el recurso incluirá el informe del servicio jurídico del Gobierno vasco, que señaló que el plan no era acorde ni con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía.

El próximo viernes presentará ante el Consejo de Ministros el informe de los servicios jurídicos del Estado contra el acuerdo adoptado ayer por la Mesa del Parlamento vasco, que aprobó tramitar la iniciativa soberanista como "propuesta" de reforma del Estatuto, aunque seguirá los trámites de un proyecto de ley.

Michavila indicó que los servicios jurídicos del Estado esperarán a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco, el viernes de esta semana, para interponer el recurso correspondiente.

No obstante, según informaron fuentes jurídicas, aún no se ha decidido si se interpondrá un solo recurso contra los dos acuerdos (el de ayer y el del Consejo de Gobierno vasco del pasado 25 de octubre), o si se presentarán dos escritos contra cada una de las decisiones de las dos instituciones vascas.

Según el ministro, el recurso girará en torno a dos ejes. Por un lado, se incluirá el informe del servicio jurídico del Gobierno vasco, que señaló al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que su plan no era acorde ni con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía. El otro eje del recurso, y que según Michavila le dota de singularidad, es que pedirá a Ibarretxe que cumpla su propio Estatuto y que lo respete en los procedimientos.

El titular de Justicia explicó que en los conflictos entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas es habitualmente el Abogado del Estado el que invoca la Constitución, mientras que las Autonomías hacen lo propio con su Estatuto. Por ello, la "singularidad" del recurso es que el Estado instará al Gobierno vasco a que cumpla su Estatuto de Autonomía.

José María Michavila afirmó que el Gobierno vasco pretende crear "instituciones a medida del nacionalismo excluyente", y señaló que si lo que pretende el Ejecutivo de Ibarretxe es abrir un debate sobre una reforma de la Constitución, "hay cauces para hacerlo".

En este sentido, indicó que si no lo hace es porque "le da vergüenza" la "frágil" situación política en la que se encuentra, ya que un partido democristiano, como el PNV, ha de contar con los votos de un "partido comunista", caso de IU, y de una formación "ilegalizada por terrorismo", como Batasuna, para llevar a cabo su "propuesta unilateral".

FRAUDE DE LEY

Michavila aseguró que tanto el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 25 de octubre como el de ayer de la Mesa del Parlamento autonómico no son más que un "fraude de ley", según han puesto de manifiesto los servicios jurídicos del Estado. El ministro indicó que el Ejecutivo vasco "se inventa figuras jurídicas que bajo el supuesto de modificar el Estatuto, lo que hacen es mutilar de forma unilateral la Constitución".

Con esta iniciativa del Ejecutivo de Ibarretxe se vuelve, según Michavila, a la época "en la que los gobernantes creaban instituciones sólo a su medida". A su juicio, en este caso, las instituciones vascas lo que pretenden es "expulsar" a quien no sea "nacionalista excluyente".

El titular de Justicia recordó que el mismo día en el que se anunció el plan soberanista se expulsó de la cámara vasca al presidente y portavoz del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, a quien calificó de víctima del terrorismo por los 13 compañeros de partido que han sido asesinados por ETA. Sin embargo, el Presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, mantuvo a "Otegi, a Josu Ternera y a sus compañeros, cuando el Tribunal Supremo ha dicho que Batasuna es un instrumento de ETA y de los terroristas".

"Si alguien cree que el Estado de Derecho es tonto, debe saber que no se le puede tomar el pelo utilizando fraudulentamente las instituciones y los procedimientos", advirtió Michavila, que señaló que tras la publicación del acuerdo de ayer de la Mesa del Parlamento vasco los servicios jurídicos del Estado tienen dos meses para impugnarlo.