Admitido a trámite el recurso de Álava contra el "plan Ibarretxe"

Vitoria

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Diputación de Álava contra el Plan Ibarretxe, al considerar que es competente para resolverlo.

Este es el primero de los recursos contra el plan Ibarretxe que ha sido admitido a trámite, aunque no lo ha sido por unanimidad. Tres de los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) han apoyado la admisión y dos se han opuesto.

Esta decisión no paraliza el debate de la iniciativa del lehendakari, ya que el recurso de la Diputación alavesa se presentó contra el acto de aprobación de la propuesta de reforma estatutaria, no contra su contenido.

La Diputación de Álava alegó que la propuesta de reforma estatutaria aprobada el pasado 25 de octubre por el Consejo del Gobierno vasco supone una modificación "sustancial" de la Constitución, para lo que no está legitimado ni es competente el Ejecutivo de Ibarretxe.

"BURDO FRAUDE DE LEY"

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En su impugnación, la Diputación presidida por Ramón Rabanera afirma que el acto de aprobación del Plan Ibarretxe incurre en "un burdo fraude de Ley, abuso de derecho y desviación de poder" y cree que "excede con mucho el campo de actuación que, con arreglo a derecho, puede ejercer el Gobierno vasco", al que reconoce su potestad para proponer una reforma del Estatuto, pero no de la Carta Magna o de las Leyes Orgánicas como, a su juicio, contempla el proyecto.

La Institución foral de Álava, que pidió la nulidad del acto del Consejo de Gobierno, denunció la indefensión en la que se encuentra la institución foral al no conocer ni intervenir en el proceso de "clara derogación del Estatuto de Autonomía".

"ESTRATEGIA JURÍDICA DE CAMUFLAJE"

La Fiscalía General del Estado, por su parte, solicitó también la admisión a trámite del recurso al creer que, "bajo la apariencia formal de una iniciativa política de modificación estatutaria, se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatutaria, hasta ahora vigente" y manifestó que se trata de "la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje".

"Aparte de su incompatibilidad manifiesta con la Constitución, la nulidad de pleno derecho de la propuesta objeto de recurso se fundamenta también en su oposición frontal con otras normas jurídicas del Estado que integran el bloque constitucional", señaló.

En sus alegaciones, el Ejecutivo autónomo señalaba que el recurso era "inadmisible" al entender que el acto de aprobación de la propuesta no está sometida al control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.