Brazaletes electrónicos para supervisar las órdenes de alejamiento

Barcelona

La consellera catalana de Justicia, Nuria de Gispert, ha anunciado que a partir de 2004 la Generalitat pondrá a disposición de los jueces brazaletes con dispositivos electrónicos con los que la Policía podrá controlar los movimientos de los condenados por violencia doméstica y asegurarse de que cumplen la orden de alejamiento de la víctima.

La Generalitat llevó a cabo una prueba piloto el pasado verano al respecto y en los últimos meses ha perfeccionado la técnica para garantizar el buen funcionamiento de este sistema de control telemático. En vista de los resultados de las últimas pruebas técnicas, De Gispert, que ejerce su cargo en funciones, asegura que los brazaletes estarán a disposición de los jueces a partir del primer trimestre del 2004.

No obstante, la reforma del Código Penal que permitirá a los jueces obligar al agresor a ponerse el brazalete no se aprobará hasta el próximo mes de octubre, por lo que, de momento, sólo se utilizará en los casos en los que el maltratador lo acepte voluntariamente. Cuando el juez considere que existen muchas posibilidades de que el agresor reincida, podrá ofrecer al maltratador la posibilidad de que se coloque el brazalete como forma de evitar la prisión preventiva.

Pero técnicamente todo estará a punto para el primer trimestre del 2004, según ha asegurado De Gispert, tras inaugurar la jornada de conferencias celebrada hoy en el Palau Robert con motivo del Día Internacional Contra la Violencia Domèstica.

El sistema electrónico en el que está trabajando la Generalitat consiste en un brazalete para el agresor, un chip para la víctima y un panel de control situado en la sede central de la Policía en el que saltará la señal de alarma si agresor y víctima se encuentran demasiado cerca.

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PAQUETE DE REFORMAS

La diputada de CiU en el Congreso Mercè Pigem ha añadido que esta medida forma parte de todo un paquete de reformas destinadas a proteger a las víctimas de la violencia doméstica y a luchar contra esta lacra social. Desde el pasado mes de agosto está en vigor la ley que permite agilizar los trámites judiciales que, según han explicado fuentes de la Fiscalía de Barcelona, "ha sido un gran avance que está facilitando mucho las cosas a las mujeres agredidas".

No obstante, dichas fuentes han añadido que las medidas judiciales y policiales no solucionarán el problema por sí solas y deben ir acompañadas de medidas de carácter social, educativo y preventivo.