Michavila equipara las propuestas del PSOE con el plan Ibarretxe
Caldera acusa al ministro de ser un "indigente jurídico"
El ministro de Justicia, José María Michavila, ha afirmado hoy que la propuesta del PSOE para que el Supremo quede sólo como órgano de unificación de doctrina "coincide exactamente con lo que pide ERC y el plan Ibarretxe". Jesús Caldera ha calificado al ministro como un "indigente jurídico".
El responsable de Justicia ha pedido al secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, explicaciones por esta "súbita conversión a programas electorales que no son de la tradición" de su partido.
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Michavila se ha mostrado "sorprendido" por la propuesta socialista y ha asguerado que no comprende a Rodríguez Zapatero porque el primer punto del Pacto de Estado de la Justicia, que èl suscribió, "decía que había que hacer las reformas necesarias para fortalecer el Tribunal Supremo con el fin de potenciar su función como órgano jurisdiccional superior".
"Había que potenciar el Tribunal Supremo para el señor Rodríguez Zapatero y ahora hay que hacer exactamente lo contrario", ha señalado el titular de Justicia, que ha recordado que el programa electoral del PSOE para las últimas elecciones generales proponía "asegurar la preeminencia del Supremo, ampliando su papel en la protección de los derechos fundamentales".
RESPUESTA DEL PSOE
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, ha acusado a Michavila de "indigente jurídico" que "no sabe lo que dice" por comparar con el plan Ibarretexe la propuesta socialista.
"Quien ha sido el causante del grave deterioro de la Administración de Justicia en estos años no puede darnos lecciones a los demás", ha recalcado el portavoz parlamentario, y ha insistido en que la propuesta del PSOE pretende, "interpretando correctamente el artículo 152 de la Constitución, mejorar la prestación del servicio de la Justicia a los ciudadanos".
LAS CLAVES DE LA PROPUESTA
Según ha explicado, la propuesta consiste en que "el Tribunal Supremo sea la cúspide del orden jurisdiccional para la casación de doctrina" y los Tribunales Superiores de las Comunidades sean "la última instancia para aquellos asuntos que tengan que ver con competencias autonómicas", de modo que los ciudadanos reciban un servicio mejor y más rápido.
Caldera también ha salido al paso de las críticas de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que aconsejó que se preocupe de "lo importante", que "debe ser mejorar el servicio público de la Justicia dentro del espíritu constitucional", si bien le ha agradecido que no compare la propuesta con el plan Ibarretxe, como hace Michavila de forma "indocumentada y gratuita".
