La Fiscalía del TC rechaza la disolución de la comisión sobre el Prestige en Galicia
Exige reconocer a los diputados de la oposición el "derecho fundamental al ejercicio del cargo público"
La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado que se declare la "nulidad" de la resolución de la Presidencia y del pleno del Parlamento de Galicia mediante la cual se acordó la "disolución" de la comisión de Investigación sobre la catástrofe del "Prestige".
En un escrito remitido a la Sala Primera del TC, el fiscal José María Caballero Sánchez Izquierdo solicita que se dé amparo al Grupo Socialista y reconozca a los diputados de la oposición el "derecho fundamental al ejercicio del cargo público".
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Los diputados del PSdeG y del BNG en el Parlamento de Galicia presentaron en marzo de 2003 sendos recursos de amparo ante el TC contra la decisión de la Presidencia Parlamento de aprobar unas normas supletorias para disolver la comisión de investigación sobre la catástrofe del "Prestige" al considerar que se daba un caso "imposibilidad de desarrollar este cometido".
Estas normas, que fueron ratificados por el pleno de la Cámara con los votos del PP, se elaboraron después de que la oposición se ausentara de la Comisión como medida de protesta por la incomparecencia de altos cargos de la Administración del Estado y de la Xunta previamente citados por la Cámara gallega.
PSdeG y BNG defendieron entonces que el PP no podía aprobar en solitario unas normas supletorias para disolver una comisión parlamentaria porque suponía una modificación unilateral del Reglamento, que establece que sólo se puede cerrar una comisión de investigación por finalización del trabajo o conclusión de la legislatura.
El fiscal del Constitucional respalda ahora el recurso de los diputados gallegos y pide que se declare la "nulidad" de la resolución de la Presidencia de la Cámara y del pleno. Además, considera que se ha vulnerado el derecho "fundamental al ejercicio del cargo público" de los parlamentarios.
En este sentido, en el escrito, la Fiscalía señala que esta decisión ha superado "ampliamente los límites reglamentarios" al introducir una tercera causa de disolución de las comisiones y defiende el derecho de los diputados a ausentarse de las reuniones como "medida de legítima presión política" para procurar la comparecencia de los cargos públicos.