Vitoria equipara a las víctimas de maltrato con las del terrorismo para acceder a una vivienda
Son cinco medidas en materia de vivienda protegida
El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, anunció hoy que su departamento equiparará a las mujeres víctimas de malos tratos con las del terrorismo en las condiciones de acceso a una vivienda protegida.
Madrazo difundió hoy, en conferencia de prensa, una "batería de medidas", pioneras en el Estado, según dijo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda "digna" a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Aseguró que "ante esta lacra de la sociedad, este terrorismo patriarcal", según lo definió, las instituciones deben "volcarse" en su erradicación, pero también deben adoptar iniciativas para mostrar solidaridad con las víctimas.
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Con este objetivo, la Consejería ha establecido cinco medidas en materia de vivienda protegida, algunas de las cuales se incluirán en una futura Ley de Igualdad.
La primera medida consiste en la inclusión de las víctimas de la violencia de género en el cupo en promoción de vivienda destinado a familias monoparentales con hijos menores a su cargo, aunque no cumplan con este último requisito.
La segunda actuación permite a estas mujeres acceder al sorteo de un piso protegido aunque no cumplan las condiciones generales necesarias, como son estar empadronadas; no tener una vivienda en propiedad y no superar unos ingresos máximos de 30.000 euros anuales.
También se incluye en este punto la posibilidad de excluir del sorteo algunas viviendas para adjudicarlas directamente a las víctimas.
La tercera iniciativa establece la posibilidad de que las mujeres maltratadas puedan permutar la vivienda de la que sean propietarias por una vivienda de protección oficial, bien en alquiler obien en propiedad, con el objetivo de que puedan trasladarse a vivir a una zona diferente a la habitual.
La cuarta acción permite que el departamento destine a este colectivo alguna de las viviendas de un parqué reservado a situaciones de emergencia social.
La quinta y última medida consiste en poner a disposición de los Ayuntamientos y Diputaciones, que son las instituciones competentes en la acogida a víctimas, viviendas construidas por el propio departamento para que alojen a las mujeres maltratadas que así lo requieran.
Dichas viviendas serían vendidas a un precio social, según precisó Madrazo, a las administraciones citadas y se ofrecerían sin limitación de ingresos a estas mujeres, bien en alquiler o en precario.
Madrazo afirmó desconocer cuál será el volumen de demanda de víctimas de la violencia de género ni el presupuesto que se destinará para cubrirla, y aseguró que todas las actuaciones anunciadas entrarán en funcionamiento antes del próximo verano.
