Los fiscales progresistas proponen la despenalización total del aborto en las doce primeras semanas de gestación
Una de las conclusiones del XIX Congreso de la Unión Progresistas de Fiscales
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha propuesto al Gobierno reformar el Código Penal para despenalizar el aborto, dentro de las doce primeras semanas de embarazo, y modificar el Código Civil para posibilitar el matrimonio entre parejas del mismo sexo para las que también defiende su derecho a la adopción.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones aprobadas hoy en el XIX Congreso de la UPF, que las trasladará al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
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En concreto, han elaborado cinco propuestas de reforma del Código Penal, entre las que destacan la de despenalizar el aborto dentro de las doce primeras semanas de embarazo, o la de erradicar las penas cortas de prisión inferiores a seis meses para recuperar los arrestos de fin de semana.
Respecto a la despenalización del aborto, además del requisito de que se produzca dentro de las primeras doce semanas de gestación, la asociación solicita también que éste se haga con las garantías médicas necesarias y con el sólo consentimiento de la mujer, si tiene suficiente madurez, y, de no tenerla, deberá ser oída.
En esta cuestión estima que no debe permitirse la objeción del personal sanitario para realizar cualquiera de las prestaciones previstas en el Sistema Nacional de Salud ni tampoco la del personal farmacéutico a la hora de dispensar cualquier medicamento aprobado por la Dirección General de Farmacia.
MATRIMONIO Y ADOPCIÓN EN PAREJAS HOMOSEXUALES
Respecto al matrimonio entre homosexuales, la UPF considera que los artículos 66 y 67 del Código Civil contravienen la Constitución por ser contrarios al principio de libre desarrollo de la personalidad, al impedir el matrimonio de parejas del mismo sexo.
Entiende también que el derecho de adopción conjunta de parejas de hecho con independencia de su orientación sexual requiere su adecuación a la legislación, "habida cuenta de que en España los gays y lesbianas pueden adoptar menores", por lo que "el impedimento de reconocerles esa capacidad en pareja es anacrónico y contrario al principio de igualdad ante la Ley".
Por ello, la UPF insta al Gobierno a que modifique determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción con el objeto de posibilitar la adopción conjunta de parejas.
La asociación manifiesta además su apoyo a las reivindicaciones del colectivo transexual y en este sentido pide al Gobierno que posibilite "de forma clara" el cambio de nombre a estas personas, mediante la modificación de la legislación del Registro Civil y la elaboración de una ley que reconozca y ampare el derecho a la identidad sexual.
En lo que se refiere al fenómeno de la violencia doméstica,
reclama las inversiones necesarias para el cumplimiento de los plazos establecidos en los procedimientos de familia, el estudio de solución extrajudicial a los conflictos civiles y penales de menor entidad, así como la creación de Juzgados específicos de Violencia Doméstica.
Además aboga por que se considere ilícita cualquier campaña o anuncio publicitario en el que se justifique la violencia contra las mujeres o se trate de forma risoria, así como aquellos en los que se presente a las mujeres en modelos asociados a estereotipos en el ámbito domèstico y social.
LA ABLACIÓN COMO DELITO
La fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) María de los Angeles García, propuso la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objeto de que se tipifique como delito la mutilación genital femenina y pueda ser perseguido por los tribunales españoles, en aplicación del principio de universalidad, independientemente de la nacionalidad de los autores
y del país en el que se cometa el delito.
Pide también en este sentido que la Fiscalía General del Estado, tras un análisis jurídico y sociológico de la Secretaría Técnica, dicte una circular sobre esta cuestión, cuyo cumplimiento sea vigilado "con el máximo celo" por la Inspección Fiscal y el Observatorio de violencia domèstica del CGPJ.
