Justicia regulará el matrimonio homosexual y ampliará los casos de aborto

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, avanzó hoy que su Departamento impulsará a lo largo de la legislatura reformas para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y para ampliar los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo.

López Aguilar compareció ante la comisión de Justicia del Congreso para informar de los planes del Gobierno para los próximos cuatro años, período que, según dijo, estará marcado por la búsqueda del diálogo y el acuerdo, y no por un intento de "arrasar todo lo ya construido" y legislar de forma precipitada.

El ministro desglosó las reformas que tiene previsto acometer, entre las que destaca la revisión de la legislación civil para permitir el matrimonio de homosexuales "en condiciones de igualdad" con los heterosexuales, y para agilizar los procesos de divorcio eliminando el requisito previo de la separación.

También se agilizarán los procesos de divorcio eliminado el requisito de la separación y se reformará el Registro Civil para "asegurar el derecho a la identidad sexual", introduciendo garantías para que se puedan hacer rectificaciones registrales del sexo.

En su intervención, apuntó la reforma "consensuada" del Código Penal para 2005, pero indicó que, con carácter inmediato, se avanzará en la "despenalización" de la interrupción voluntaria del embarazo, mediante un proyecto de ley "que amplíe los supuestos de aborto en el marco acotado de las primeras semanas de gestación".

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Del mismo modo, dijo, se derogarán los artículos que tipificaban como delito la convocatoria ilegal de referendos, conductas que, según López Aguilar, supondrían una "evidente ruptura de la lealtad constitucional", pero cuya incriminación penal "desproporcionada" no sería la solución más adecuada.

El resto de reformas del Código Penal afectarán a la persecución del fraude fiscal, la expulsión automática de los inmigrantes que hayan cometido delitos penados con menos de seis años de cárcel o la posible vuelta a la figura del arresto de fin de semana.

INDEPENDENCIA DEL FISCAL GENERAL

También propuso para el año próximo la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal general del Estado, cuyo mandato tendrá un límite de cinco años y que se someterá a causas de cese tasadas y objetivas, además de no poder intervenir en procesos penales que pudieran afectar a miembros del Gobierno.

El Gobierno prevé potenciar la Fiscalía Anticorrupción, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir al Ministerio Público la dirección de la instrucción y la de la Ley del Menor para delimitar las funciones del fiscal y evitar que sea el acusador y el encargado de tutelar su protección.

A lo largo de la legislatura, se crearán 600 plazas de fiscales y 400 de jueces, dentro del plan del Ejecutivo para conseguir una Justicia "rápida, eficaz e igualitaria" que recupere "la confianza de los ciudadanos".