Policía y Guardia Civil no obtuvieron de sus confidentes datos que les relacionaran con el 11-M
Sendos informes demuestran que el ministerio de Alonso investigó la relación de los confidentes con la policía
Madrid
Un informe de la Policía y otro de la Guardia Civil adelantados por la SER revelan que los confidentes Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zohuier no informaron a sus contactos de la venta de explosivos a los terroristas del 11-M y que nunca se pudo comprobar que el ex minero Suárez Trashorras se dedicara a traficar con dinamita.
Los documentos responden a la investigación abierta a petición del Ministerio del Interior el 29 de abril después de que el diario El Mundo informara de que Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro eran confidentes de la Policía y de que Rafá Zohuier lo era de la Guardia Civil.
Más información
En el informe de la Dirección General de la Policía se ofrece en detalle la relación de Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras con los funcionarios. En el caso del primero concluyen que no hay constancia de su colaboración, en ningún caso, con miembros de la policía. En el caso de Suárez Trashorras, su contacto en Avilés suscribe que sus conversaciones versaron única y exclusivamente sobre personas y asuntos relacionados con el mundo de la droga.
En lo que respecta al informe de la Guardia Civil se ofrecen detalles sobre la colaboración, previa a la masacre, del Rafa Zohuer, al que califican de colaborador ocasional y esporádico durante años de la Comandancia de las Rozas en Madrid, siempre sobre pequeños asuntos de drogas, armas y locales de alterne de la capital. A principios de 2003, Zouher anuncia información sobre el tráfico de explosivos en Avilés, pero su testimonio carece de peso.
Las conclusiones de ambos informes coinciden por tanto con el auto emitido por el magistrado que lleva el caso del 11-M. El juez también indicaba que no había ningún indicio que relacionara a estos confidentes con la masacre de Madrid.
Los informes contradicen las informaciones del diario "El Mundo" que, en su edición de hoy, asegura que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, se niega a una investigación interna sobre este asunto. A pesar de los informes, el socialista Diego López-Garrido ha dejado claro esta mañana que su partido no tiene inconveniente en que los dos guardias civiles que realizaron los interrogatorios comparezcan en la comisión.
