Una ONG acusa al gobierno sudanés de complicidad en las masacres
Una directiva ordena "a las unidades de seguridad" que toleren las actividades de los 'janjawid', según esta ONG
La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) ha asegurado hoy que dispone de pruebas documentales que demuestran de forma "incontestable" que funcionarios del Gobierno sudanés han dirigido el reclutamiento, el armamento y otras formas de ayuda a las milicias étnicas conocidas como 'janjawid', autoras de graves violaciones de los Derechos Humanos en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.
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El Gobierno de Jartum ha negado reiteradamente, hasta la fecha, el reclutamiento y armamento de las milicias 'janjawid', incluso durante las recientes visitas a Sudán del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, y del secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Según el director ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch, Peter Takirambudde, Sudán ha puesto en marcha "una importante campaña de relaciones públicas con el objetivo de ganar más tiempo para que funcionen las iniciativas diplomáticas". "Pero llegados a este punto y con las nuevas pruebas que contamos, la credibilidad de Jartum es nula", prosiguió, a través de un comunicado de la organización. Hasta la fecha, "el Gobierno de Sudán sólo ha utilizado el tiempo adicional para consolidar la limpieza ètnica en Darfur", añadió.
LOS DOCUMENTOS
Según HRW, en una serie de documentos en árabe de las autoridades gubernamentales de Darfur del Norte y del Sur fechados los pasados meses de febrero y marzo, los responsables del Gobierno piden reclutamiento y asistencia militar, incluida la entrega de "provisiones y municiones" a conocidos líderes de la milicia 'janjawid' y a "tribus leales al Gobierno".
En una directiva de febrero se ordena "a todas las unidades de seguridad" en el área que toleren las actividades del conocido líder 'janjawid' Musa Hilal en Darfur del Norte. El documento subraya "la importancia de no intervenir para no cuestionar su autoridad" y autoriza a las unidades de seguridad de la provincia de Darfur del Norte a que "pasen por alto los delitos menores cometidos por combatientes contra civiles presuntos miembros de la rebelión". En otro documento citado por Human Rights Watch, se reclama un plan para "operaciones de reasentamiento de nómadas en lugares de los que se hayan retirado los 'fuera de la ley'.
